Un soldado sevillano, casado y con dos hijas menores de edad, ha recurrido ante el Ministerio de Defensa la "injusta" decisión de expulsarlo del Ejército por unos hechos por los que ya fue sancionado anteriormente con seis meses de suspensión de empleo, según ha explicado en declaraciones a Europa Press su letrado, Fernando Osuna, quien ha detallado que el afectado se enteró de esta decisión a su regreso de Afganistán y a través del Boletín Oficial de Defensa (BOD).

El abogado ha puesto de manifiesto que fue el pasado mes de agosto cuando solicitaron la nulidad de la resolución adoptada por el Ministerio de Defensa, que fue publicada en el BOD y que reproduce "los mismos hechos que los contenidos en un expediente gubernativo que se tramitó y que acabó con una suspensión de empleo por seis meses", criticando que "es como si un acusado para el que piden una pena de multa es condenado al pago de la misma, y posteriormente el tribunal cambia de parecer y, sin tramitar procedimiento alguno, lo condena a una pena de cárcel por los mismos hechos".

En este sentido, Fernando Osuna ha aseverado que el Gobierno "no ha notificado los trámites básicos y esenciales del procedimiento, como son el pliego de cargos, la fase probatoria, propuesta de resolución y trámite de audiencia", por lo que el soldado "se ha quedado sorprendido y perplejo ante este proceder de la Administración militar, carente del más mínimo rigor legal y normativo, con vulneración de los más elementales principios del derecho sancionador".

"No encuentra explicación alguna ante este injustificable cambio de criterio, a todas luces ilegal", según ha agregado el letrado, quien, en el recurso, argumenta que fue el pasado día 18 de junio cuando el Ministerio de Defensa acordó imponerle la sanción de suspensión de empleo por seis meses en virtud de un expediente gubernativo, pero tras llegar a Sevilla procedente de Afganistán "se enteró por el BOD" de su expulsión del Ejército.

"la administración no puede ir contra sus propios actos"

En el recurso precisa que el Gobierno "no le ha ofrecido la posibilidad de efectuar, antes de resolverse el expediente, las alegaciones" a las que tiene derecho por Ley, motivo por el que "se le ha causado indefensión, pues al no tener conocimiento de los cargos y de las pruebas desfavorables no ha tenido la posibilidad de defenderse sobre el efecto negativo de las mismas".

"Todo lo aquí acontecido supone una clara vulneración del principio de la seguridad jurídica y ello debido a que con el comportamiento tan deficiente y anómalo de la Administración militar se está atacando a la seguridad jurídica de las personas", prosigue el recurso, en el que se añade que "la Administración no puede ir contra sus propios actos", así como que en Afganistán el soldado "desempeñó una actividad militar que fue elogiada por sus mandos".

"Si realmente las circunstancias de este soldado fueron negativas en un puntual momento de su vida militar, posteriormente ha superado todas esas deficiencias y goza del aprecio y estima de sus superiores", concluye el letrado en el recurso.