Diputación vizcaína dice que no ha percibido los 17 millones de la RGI de noviembre y Álava lleva "dos meses sin cobrar"

Aburto cree que retirar la RGI es una "discriminación" para más de 4.700 familias vizcaínas, porque inmigrantes la seguirán recibiendo

El diputado de Acción Social y portavoz de la Diputación Foral de Bizkaia, Juan Mari Aburto, ha dado a conocer este martes que el Gobierno vasco no ha ingresado a la Diputación vizcaína la partida de alrededor de 17 millones de euros correspondiente a la renta de garantía de ingresos (RGI) correspondiente al mes de noviembre, que la institución foral ya ha abonado con cargo al presupuesto foral. Además, ha mostrado su preocupación porque la Diputación de Álava "lleva dos meses sin cobrar" estas prestaciones que corren a cargo del presupuesto del Ejecutivo vasco.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno foral, Aburto ha valorado la situación creada tras la suspensión de la renta de garantía de ingresos a más de 6.000 familias vascas por no cumplir el requisito de estar los demandantes de estas ayudas inscritos en los servicios públicos de empleo, decisión del Gobierno vasco que afecta a más de 4.700 familias vizcaínas, que ya no cobrarán esta prestación en diciembre.

Tras mostrarse de acuerdo con que se trata del incumplimiento de un requisito que los ciudadanos que perciben la renta de garantía de ingresos "deben cumplir", el responsable foral ha considerado, y así se lo ha trasladado la Diputación al Gobierno vasco, que "sería conveniente haber actuado de otra manera" y haber dado tiempo hasta el mes de enero "para que se pudiera formalizar este requisito que es un mero cumplimiento de un dato administrativo, cual es la inscripción en el servicio publico de empleo".

Aburto ha recordado que la RGI es una prestación "cuyo soporte económico figura en los Presupuestos del Gobierno vasco y todos los meses el Gobierno revierte a la Diputación las cantidades necesarias para, realizado el cruce con lo que la Diputación ha pagado, realizar el ingreso en la Diputación".

Sin embargo, ha dado a conocer que, "por primera vez en la historia, después de 23 años, no se ha producido el ingreso del Gobierno del mes de noviembre" y ha indicado que "la nómina de noviembre debería estar ingresada a primeras fechas de diciembre". "No sé si esto quiere decir que estamos en una situación de sospecha, pero desde luego no en una situación de colaboración institucional, y, en este momento, la RGI de noviembre está soportada exclusivamente por los presupuestos de la Diputación", ha manifestado.

Aburto ha confiado en que "esto no vaya a más", pero ha considerado que se trata de una "situación grave, que no entendemos, que se ha producido sin ningún tipo de aviso y que no sabemos, en este momento, hasta donde puede llegar", por lo que ha ofrecido al Ejecutivo vasco la colaboración de la Diputación "para solventar esta difícil situación". Asimismo, ha mostrado su preocupación porque, según ha dicho, le consta que la Diputación Foral de Álava "lleva ya dos meses sin cobrar y me preocupa su hay algún tipo de estrategia".

Por otra parte, ha explicado que el pasado 15 de diciembre cerraron las nómicas y las familias cobrarán la RGI la semana que viene, "aunque otra cosa es cuando lo va a cobrar la Diputación del Gobierno". INMIGRANTES

Por otro lado, Aburto ha querido poner el énfasis en la "discriminación que esta medida supone, porque van a ser los ciudadanos vizcaínos los que se van a ver privados de estas ayudas, de estas prestaciones, de estos derechos, no así las personas inmigrantes", ya que los extranjeros sin permiso de residencia "no pueden inscribirse en el servicio público de empleo porque son personas alegales y lo único que pueden hacer es empadronarse, y es el empadronamiento el que les da el acceso a la renta de garantía de ingresos".

"Es una discriminación y, una vez más, se pone a un colectivo como es el de los inmigrantes enfrentado a la ciudadanía, lo que es inasumible", ha censurado, para insistir en que "va a ser la nacionalidad el elemento que va a hacer que una persona tenga acceso o no a un derecho de supervivencia" y ha recordado que estas prestaciones "son de tal naturaleza que tratan de cubrir aquellas necesidades básicas sin las cuales una persona no puede vivir".

El portavoz foral ha reiterado que "a más de 5.000 familias inmigrantes" no inscritos en INEM "no se les va a suspender la RGI y a más de 4.700 familias vizcaínas sí se les va a suspender".

"cara y ojos"

Aburto ha señalado que "estos días estamos poniendo cara y ojos" a las personas "más vulnerables" afectadas por esta medida y ha explicado que la cola que hay en las oficinas forales es "considerable y se están generando situaciones de dificultad y de tensión, tanto para las personas que vienen en una difícil situación como para los profesionales que tienen que atenderles".

Como ejemplo, ha indicado que se han dado situaciones mujeres con tres hijos "que han venido diciendo que es el único sustento que tienen, que no se lo pueden quitar". "Son situaciones que tienen que ver con la dignidad y la necesidad y somos los poderes públicos quienes les estamos privando de ese sustento mínimo", ha advertido.

Asimismo, ha destacado que se da la circunstancia de situaciones "tremendamente injustas", como el hecho de personas inscritas en el INEM y que son llamadas a realizar un curso de formación y que, al realizarlo, "a partir de ese momento desaparecen de la lista" de demandantes de empleo, "con lo cual es muy probable que estamos eliminando la renta de garantía de ingresos precisamente a personas que no solamente cumplían con su obligación de estar inscritos en el sistema, sino que, además, estaban cumpliendo la obligación de atender una demanda de formación".

Aburto ha insistido en que "todo esto no se debiera de haber producido, porque las instituciones estamos para resolver problemas de la ciudadanía y no para generarlos, máxime cuando hablamos de los ciudadanos más vulnerables". Por ello, ha solicitado comparecer en Juntas General "para intentar explicar cuál es la situación que van a vivir a lo largo de todos estos días miles de familias vizcaínas".

Según ha explicado, la Diputación vizcaína se ha puesto en contacto con todas las familias afectadas "para que sepan que no hace falta que esperen a la cola" en las oficinas de Servicios Sociales, sino que "es suficiente con que vayan al Inem, o a Lanbide a partir del 2 de enero, y se inscriban en las oficinas, porque, de esta forma, en el mes de enero volveríamos a poner en funcionamiento esa RGI". "Me atrevería a decir que en el mes de enero volverían a cobrar, se hará el esfuerzo", ha asegurado.

El diputado de Acción Social ha insistido en que "lo procedente hubiera sido demorar la medida y haber adoptado una resolución que tuviera más que ver con la naturaleza de las prestaciones, que son para resolver situaciones criticas".

Aumento del paro

Aburto ha considerado que la intención del Gobierno vasco de inspeccionar más de 88.000 expedientes de la RGI "es algo que vende hoy en día", pero ha advertido de que "con la dignidad de las personas no se puede establecer ningún tipo de mercado". Asimismo, ha señalado que cumplir con el requisito de inscribirse en el servicio público de empleo "va a hacer, entre otras cosas, que el paro en Bizkaia suba en unos miles de personas".

Por último, tras mostrar su satisfacción por la intención del Ararteko de realizar un informe de oficio sobre esta asunto, ha lamentado que la resolución, "una vez más, va a llegar tarde, porque a las familias no les vamos a resolver el problema que en estos momentos tienen".

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