La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu), un consorcio entre la Xunta y varios ayuntamientos gallegos, llevó a cabo 30 demoliciones en Galicia durante los 10 primeros meses de 2010.
Según afirma la Xunta de Galicia, en la mayoría de los casos los motivos fueron que los edificios incumplían la Lei do Solo o carecían de licencia municipal o autonómica. El Gobierno gallego destinará 561.000 euros de los Presupuestos de 2011 a la ejecución de demoliciones por parte de la Aplu.
Asimismo, la Aplu ha resuelto, a lo largo de 2010, un total de 160 expedientes de reposición de la legalidad urbanística, lo que supone un incremento del 200 por ciento con respecto a 2009.
Durante este año, además, se han adherido al ente público siete ayuntamientos, otros dos están en proceso de adhesión y se remitieron los convenios de cinco municipios adicionales.
Función de aplu
La Aplu desenvuelve, en común entre la Xunta de Galicia y los Ayuntamientos que se integren en ella de manera voluntaria, las funciones de inspección, restauración de la legalidad y sanción en materia de urbanismo.
Según ha afirmado la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, la Xunta "apuesta" por impulsar este organismo para que no sea "un simple órgano de tramitación de denuncias, sino que mantenga la iniciativa a la hora de velar por una correcta ordenación territorial".
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