El presidente del Partido Aragonés (PAR), José Ángel Biel, ha registrado este lunes una proposición de ley para gestionar la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos de la Cuenca del Ebro mediante la futura Agencia Aragonesa del Agua.

En rueda de prensa celebrada en las Cortes de Aragón, Biel ha dado a conocer la proposición de ley de Aguas y Ríos de Aragón, que forma parte de la batería de iniciativas legislativas que los regionalistas están presentando y mediante las cuales dan a conocer sus propuestas en materia de organización territorial, aguas y, próximamente, capitalidad.

En su intervención, Biel ha expresado que esta proposición de ley es "compatible" con el principio de unidad de cuenca y con la competencia estatal de planificación hidrológica, tras lo que ha indicado que el Gobierno de Aragón podrá gestionar la futura reserva hídrica "con las mismas razones que la cuenca del Guadalquivir es gestionada por la Junta de Andalucía y el río Duero puede serlo por la Junta de Castilla y León".

Según Biel, "la gestión de la reserva hídrica blinda a Aragón contra los trasvases". El también vicepresidente del Gobierno autónomo ha considerado que "merece la pena" hacer una política de aguas "genuinamente aragonesa después de casi 30 años de autonomía", lo cual es "un hito". CONTENIDO

La ley de Aguas y Ríos de Aragón obliga a los poderes públicos aragoneses a velar por la inscripción de dicha reserva en el Registro de Aguas de la cuenca del Ebro a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, ya que el Estatuto establece que esta reserva es para uso exclusivo de los aragoneses y, por tanto, su gestión por parte de Aragón no afecta a otras Comunidades, sino que es una cuestión bilateral entre la Comunidad Autónoma y el Estado, según opina el PAR en una nota.

Es el Estado quien debe garantizar esta reserva a favor de Aragón en la Planificación hidrológica estatal, nacional y de cuenca. En la práctica, la gestión de la reserva hídrica de 6550 hectómetros cúbicos por parte de la Comunidad Autónoma blindaría la posibilidad de realizar trasvases a otras cuencas.

La reserva hídrica se define, en la iniciativa legislativa, como "el aprovechamiento hídrico de una cuenca intercomunitaria reservado por la planificación hidrológica estatal a favor de una Comunidad Autónoma para desarrollar políticas regionales de gestión y uso del agua en su territorio".

Con este precepto, la ley persigue que Aragón pueda ejercer las competencias que ya ejerce Andalucía respecto del Guadalquivir o Cataluña respecto del Ebro, así como las que actualmente negocia Castilla y León sobre el Duero.

Para el ejercicio pleno de todas las competencias sobre la gestión de la reserva hídrica del Ebro será necesario el traspaso de las correspondientes funciones y servicios por parte del Estado a la Comunidad Autónoma, tal y como se recoge en la Disposición transitoria séptima de la ley. AGENCIA

La ley plantea la creación de la Agencia Aragonesa del Agua, una Administración hidráulica aragonesa que asumirá las actuales competencias del Instituto del Agua de Aragón, principalmente en depuración, que gestionará la reserva hídrica del Ebro y que planificará, programará y ejecutará las infraestructuras del agua de interés de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Entre las funciones que ejercerá la Agencia Aragonesa del Agua destacan la tramitación y resolución de las concesiones de aguas, la autorización de las cesiones de uso, la autorización y control de vertidos, las obras hidráulicas, la gestión de los embalses de interés autonómico o la policía de aguas y cauces, además de cuestiones de planificación y ordenación hidrológica, todo ello en coordinación con el Estado y conforme a la Planificación hidrológica estatal y la unidad de cuenca.

Además, la ley prevé que este organismo participe en la planificación hidrológica estatal, particularmente en la que afecta a la parte aragonesa de las demarcaciones de los ríos Ebro, Júcar y Tajo.

La Agencia Aragonesa del Agua estará adscrita al Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de agua y será la encargada de desarrollar las Bases de la Política del Agua en Aragón.

Informe preceptivo

La ley presentada este jueves también regula el informe previo y preceptivo de la Comunidad Autónoma sobre obras hidráulicas estatales, transferencias de aguas y trasvases que afecten a Aragón, tal y como está previsto en el artículo 72.3 del Estatuto en garantía del principio de unidad de cuenca.

El texto establece que dicho informe será emitido por el Gobierno de Aragón, en el plazo de dos meses desde su solicitud por parte de la Administración del Estado. Para elaborar este informe, el Gobierno de Aragón contará con los dictámenes de la Agencia Aragonesa del Agua, del Consejo de Ordenación del Territorio y de la Dirección General de Servicios Jurídicos. Estos tres dictámenes serán estudiados por la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial, que elevará al Gobierno de Aragón una propuesta de informe.

La proposición de ley también prevé la creación de la Comisión de Autoridades Competentes de Aragón, adscrita a la Agencia Aragonesa del Agua, para garantizar la adecuada cooperación interadministrativa en la aplicación de las normas de protección de las aguas en el ámbito territorial de Aragón.

La Comisión de Autoridades Competentes podrá integrar a representantes de la Administración del Estado, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de las entidades locales aragonesas.

Por otro lado, la ley prevé la Comisión Aragonesa del Agua como órgano colegiado de la Agencia Aragonesa del Agua, de carácter consultivo y de participación social. Esta comisión mantendría la composición de la actual Comisión del Agua de Aragón, que ha servido como cauce de diálogo, participación y entendimiento en las cuestiones hídricas en el territorio.