El director xeral de Montes no descarta subvencionar el transporte de biomasa a las centrales de energía, pero se estudiará sobre la marcha Rechaza la "capitalización" del medio rural con las sociedades de fomento forestal, que buscan impulsar una "gestión moderna"

El director xeral de Montes, Tomás Fernández-Couto, admite que la proximidad de las elecciones municipales (mayo de 2011) "puede tener influencia" en que los ayuntamientos de Galicia no obliguen a los titulares de las parcelas a mantener limpios sus perímetros con el objetivo de prevenir incendios forestales, tal y como recoge la legislación gallega en esta materia.

"Las administraciones locales pueden llegar a pensar que la responsabilidad que le otorga la Ley de prevención de incendios forestales puede tener influencia en el voto", afirma Fernández-Couto en una entrevista concedida a Europa Press. "Pero también se puede pensar que, por cada propietario que se siente forzado, hay dos vecinos que ven bien la actuación", resalta el responsable gallego en materia de montes.

El Gobierno bipartito aprobó en 2007 el texto normativo que regula las competencias de cada actor en la lucha contra los fuegos —administración estatal, autonómica, local y particulares—, pero el alto cargo de la Xunta entiende que "hay que relativizar" el tiempo de establecimiento de la ley, porque "tres años puede ser mucho o poco tiempo". "No es extraño que la aplicación real de una nueva normativa lleve un periodo... una cosa es la obligación y otra el conocimiento profundo de los cambios que supone", explica.

De ahí la jornada que la Consellería de Medio Rural, en colaboración con la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), organizó esta semana para explicar sus responsabilidades a técnicos, agentes forestales y personal de las corporaciones locales. "Hay que hacer un esfuerzo grande de formación, mentalización y aclaración e las cuestiones legales", considera Fernández-Couto, quien valora la iniciativa como "muy productiva".

Reconoce que existe otro aspecto "totalmente entendible" que limita la efectividad de la ley. Se trata de las "dificultades presupuestarias" de los ayuntamientos para el pago de los medios materiales y los recursos humanos que deben desarrollar las tareas que se les encomiendan, de forma subsidiaria, en caso de incumplimiento por parte de los particulares. Ante esto, propone "fórmulas imaginativas" y alude a la creación de mancomunidades, acuerdos entre gobiernos locales y al cobro de tasas como el impuesto de vehículos.

Existe "cierta polémica" sobre si la Xunta "ha abandonado" a las corporaciones municipales, asume, pero constata que, tras los correspondientes estudios, los gabinetes jurídicos del Gobierno gallego indican que "no se pueden emplear fondos públicos donde la ley dice que la labor es del propietario".

Así, Tomás Fernández-Couto reconoce que la situación "todavía no es buena" y que el porcentaje de cumplimiento es "pequeño". Aunque, con todo, "empieza a verse en el paisaje que hay actuaciones": "Ya no es raro ver parcelas limpias y desbrozadas al lado de la viviendas", incide para señalar que "hay un movimiento que ha empezado" y "eso es lo importante, porque arrancar es lo que más cuesta".

Por ello, augura "un futuro cercano" en que el control de la vegetación en los montes de Galicia será "lo normal". "No tengo ninguna duda, cada año vamos a ver más fincas limpias", asevera y compara esta cuestión con que "hace años era frecuente ver a un coche parar en medio de la carretera y tirar bolsas de basura entre los matorrales", comportamiento "que ya no se ve porque genera rechazo".

El concurso de la biomasa sigue "su procedimiento normal"

Otra de las recomendaciones de los especialistas para prevenir los incendios y, además, generar energía 'limpia' es el aprovechamiento de la biomasa.

En la misma entrevista concedida a Europa Press, Fernández-Couto indica que el concurso para adjudicar 80 megavatios a centrales de un máximo de hasta 10 "se ha ido tramitando" y "sigue su procedimiento normal". Además, destaca que Galicia "va muy por delante de otras comunidades" en este apartado.

Al mismo tiempo, calcula la apertura "del orden de 15 plantas" en un plazo "razonable" de unos dos años, ya que la inversión en una instalación de este tipo puede alcanzar los 30 millones de euros. Sin embargo, detecta "determinación" por parte de las empresas para "llevar a término" los proyectos industriales.

"maximizar los efectos preventivos"

Al respecto, no descarta que la Administración autonómica pueda subvencionar el "movimiento" de biomasa, desde el lugar de recogida hasta el de generación de energía. "Si la colaboración financiera puede multiplicar la actuación de control sobre el combustible, evidentemente será una cuestión a estudiar", asevera.

Con todo, precisa que "hay que maximizar los efectos preventivos" y "ver en cada caso concreto" la rentabilidad de las ayudas, por lo que el Gobierno lo estudiará sobre la marcha. "Es un tema nuevo", apostilla.

Lo que rechaza el director xeral de Montes es crear líneas de subvención "por el hecho de decir que se aprovecha biomasa", puesto que ésto "podría tener unos grandes efectos publicitarios y mediáticos, pero Xunta no busca eso, sino efectos reales sobre el territorio".

Lucha contra el abandono de tierras

Para luchar contra el abandono de las tierras, caballo de batalla de Medio Rural en esta legislatura, el departamento que dirige Samuel Juárez prepara una nueva Ley de movilidad de tierras, cuyo anteproyecto presentó a finales de noviembre en el Consello Agrario y prevé que se apruebe en la reunión semanal del Ejecutivo a primeros de año.

Sobre esto, el director xeral subraya que el objetivo "no es obligar" a los dueños a ceder sus parcelas al Banco de Terras, sino que esta es "sólo una más dentro del abanico de medidas". De hecho, en su opinión, "las vías forzosas normalmente no son las adecuadas" y constituirán "el último recurso" de la Administración, ante casos de gran abandono.

Modernización de la gestión forestal

Por último, el dirigente gallego en materia forestal defiende el "ilusionante" proyecto de las sociedades de fomento forestal (Sofor), con las que la consellería pretende "llevar criterios de gestión moderna" al monte. El decreto que aprobará el registro en el que estas se podrán inscribir está "tramitándose" para que "pronto sea de aplicación", añade.

Rechaza que esta iniciativa trate de "capitalizar" el monte ni de "preparar el aterrizaje de grandes grupos empresariales", como acusa la oposición al Gobierno autonómico. Por contra, argumenta, la creación de esta figura (sociedad limitada) busca el "aprovechamiento" de las pequeñas parcelas, permitiendo a varios propietarios asociarse para la explotación en común.

Aunque en ellas podrá entrar un socio que aporte sólo capital, esta decisión recae sobre los dueños de los terrenos, por lo que "nadie le va a imponer nada" y, en todo caso, deberán concentrar el 51% de la sociedad. Tampoco lo hará la Administración: "No vamos a decir qué tienen que hacer ni cómo, sino que lo hagan conjuntamente y con criterio profesional", afirma Fernández-Couto.

Como beneficios, aquellos que decidan formar una 'Sofor' contarán con exenciones de impuestos en permutas y sucesiones de herencias en virtud de los cambios que la Xunta ha introducido en la Ley de acompañamiento de los presupuestos, que se aprueban este lunes. "La descripción jurídica ya está hecha", señala.

Pero, además, una vez entre en vigor el registro, Medio Rural sufragará gastos jurídicos, de concentraciones parcelarias privadas, en infraestructuras y les dará prioridad en las órdenes de ayudas para la prevención de incendios. Un "escalón" más lo constituirá el cambio estatal en la Ley de sociedades, que Galicia trata de impulsar en el seno del comité forestal español.