El servicio jurídico del Centro Municipal de Familia de Santander ha atendido, en sus diez años de funcionamiento, alrededor de 2.500 consultas, de las que en torno al 20 por ciento están referidas a asuntos relacionadas con la violencia en el seno familiar.

Este servicio de atención jurídica, que se presta a las familias de Santander, dedica especial atención a los conflictos que se generan como consecuencia de rupturas de pareja (separaciones, divorcios), así como a las cuestiones derivadas que afectan a los menores, como custodias, régimen de visitas o pensión de alimentos.

La concejala de Familia, Bienestar Social e Igualdad, Isabel Gómez-Barreda, ha explicado en un comunicado que se trata de dar una atención jurídica gratuita e individualizada a personas que demandan un asesoramiento de este tipo, un servicio en el que el Ayuntamiento de Santander ha sido "pionero" en Cantabria y "referente" para otros de posterior creación.

El 90 por ciento de las personas que utilizan este servicio son mujeres, que suelen demandar asesoramiento en distintas áreas jurídicas, que pasan por el derecho civil (especialmente de familia), laboral, y otros que conlleva la necesaria coordinación con otros miembros del equipo multidisciplinar ubicado en el Centro de Familia.

Las mujeres de entre 30 y 40 años representan el 27% de las consultas. Del total, el 35% están solteras, el 34% casadas y el resto de las usuarias encajarían en el perfil de divorciadas (10%), separadas (8%), viudas (3%) o con pareja de hecho (10%), en ambos casos con hijos, y con un nivel de estudios que supera en un 20% el graduado escolar.

Goméz-Barreda precisó que, como consecuencia de la crisis económica, se ha producido un aumento de las consultas sobre derecho laboral.

Asimismo, se producen numerosas intervenciones en materia de violencia de género o doméstica, trabajando en estrecha colaboración con los servicios policiales, con la Oficina de Protección a la Víctima, creada en el seno de la Policía Local de Santander; las unidades de trabajo social, el Punto de Encuentro Familiar, y con todos aquellos servicios o administraciones que detectan asuntos que requieran de la asistencia letrada inmediata.

En los temas de violencia, la intervención jurídica puede ser previa, para la solicitud de las medidas de protección a la víctima, especialmente órdenes de alejamiento, así como en asesoramiento en todas las fases de los distintos procedimientos, y en el apoyo y documentación para la toma de decisiones informada.

Se pretende, según la concejala, que los usuarios tomen sus propias decisiones, informándoles de las consecuencias jurídicas en cada caso, y proporcionando el apoyo jurídico necesario, durante el desarrollo del proceso.

Los usuarios también tienen interés en que se interpreten contratos y documentos en general, a fin de concretar sus derechos, pero cada vez es más habitual los que se asesoran, antes de tomar decisiones o de realizar cualquier negocio jurídico.

El servicio, previa solicitud de cita, atiende a todos los ciudadanos que se lo requieren. El teléfono para solicitar cita para atención personalizada es el 942 200 833.