El representante del sindicato USO, José María López García, ha denunciado este viernes que el Ayuntamiento de Santander "pretende influir en las declaraciones judiciales de los policías" y que los ciudadanos paguen de su bolsillo la asistencia a juicio de los agentes, según la última resolución dictada por el concejal de Policía, Eduardo Arasti, redactada y firmada por un jefe de servicio.

Según ha informado USO en un comunicado, el Ayuntamiento de Santander tiene firmado un acuerdo desde 2006 en el cual se regula la compensación a los policías tengan que acudir al juzgado fuera de su horario normal de trabajo, "sin que se haya puesto objeción alguna hasta la fecha".

La reciente resolución establece, dice el sindicato, que cuando la comparecencia de los policías sea a propuesta de un ciudadano, éste tendrá que pagar de su bolsillo los daños y perjuicios que tal asistencia acarreé a los policías.

Los representantes de USO creen que en estos tiempos de crisis no se puede hacer que los ciudadanos "soporten más cargas económicas por el simple hecho de pedir justicia, pero tampoco se puede permitir que se obligue a los policías a acudir al juzgado en su tiempo libre sin que reciban compensación alguna".

Pero lo más grave de todo, dice el sindicato, es cuando el Ayuntamiento "pretende influir en las declaraciones que los policías hagan en el juzgado", pues la misma resolución establece que no procederá abonar la asistencia al juzgado si éstos declaran en contra del Ayuntamiento, "teniendo que pagarlo nuevamente los ciudadanos a favor de quien declaren".

En consecuencia, según lo expuesto en la resolución, si una persona se cae en la calle como consecuencia del mal estado de la vía y los policías declaran que efectivamente la vía estaba mal, la asistencia al juzgado la abonara el particular que lo reclama, pero "no ponen objeciones en abonarlo si declaran a favor del Ayuntamiento".

USO entiende que con esta resolución el Ayuntamiento pretende no sólo ahorrar en el abono de las asistencias al juzgado, que es "una cantidad irrisoria", sino desmotivar a los ciudadanos que hagan reclamaciones contra él, o, llegado el caso, "garantizarse que los policías no declaren a favor de los ciudadanos y no prospere ninguna reclamación que éstos les presenten", lo que podría suponer, argumenta, "una obstrucción a la justicia" que el servicio jurídico de este sindicato está analizando por si pudieran derivarse responsabilidades penales.

El sindicato solicita al concejal de Policías "que haga que la cordura vuelva a regir sus decisiones y que revoque la citada resolución, aplicando el acuerdo de 2006 y dejando a los ciudadanos tranquilos".