La empresa pública Multimedia de las Islas Baleares S.A. pondrá a disposición de la Conselleria de Presidencia los contratos que ha realizado con el Gabinete Vives S.L. para que sean remitidos a la Fiscalía para ser investigados, en atención a la denuncia efectuada este jueves por el diputado del PP, José María Rodríguez.

El 'popular' pidió este jueves la dimisión del conseller de Presidencia, Albert Moragues, después de que Multimedia de las Islas Baleares S.A. haya adjudicado tres contratos de asesoramiento legal y jurídico a Gabinete Vives S.L., presidido por Llorenç Vives, quien, a su vez, preside la empresa Iber Hábitat y Servicios Sociedad Cooperativa Limitada, de la que el director general de Coordinación y Proyectos Estratégicos, José Antonio Santos, es el accionista mayoritario.

Además, también dijo que ambos tienen una relación en la Empresa Desarrollo Digital, del grupo IB3, dado que Santos forma parte de su Consejo de Administración, mientras que Vives es secretario.

Según ha informado la propia empresa Multimedia en un comunicado, la decisión de llevar los contratos ante Fiscalía se ha adoptado para disipar cualquier duda respecto a la legalidad penal de las contrataciones.

La empresa pública ha acusado a Rodríguez de decir "falsedades" y de tergiversar los hechos en sus declaraciones. Así, ha apuntado que Iber Hábitat y Servicios Sociedad Cooperativa Limitada no es una sociedad anónima y, por tanto, no tiene acciones, por lo que en consecuencia Santos no puede ser el accionista mayoritario.

Asimismo, ha apuntado que Iber Hábitat y Servicios Sociedad Cooperativa Limitada es una cooperativa de vivienda, que no está operativa desde en el año 2002. La empresa pública ha indicado que el director general José Antonio Santos, que solamente es vocal de Multimedia, formó parte junto con Llorenç Vives (que preside Gabinete Vives S.L.) de esta cooperativa con otras 150 socios más, y ha puntualizado que "todos tenían los mismos derechos y la misma participación para adquirir una vivienda en alguna de sus promociones".

En segundo lugar, Multimedia considera "mucho más vergonzosa" la referencia que hace Rodríguez a la Empresa Desarrollo Digital Balear S.L., del grupo IB3. En este sentido, ha señalado que esta empresa fue creada el 13 de septiembre del 2006 y que la socia mayoritaria era Maria Umbert, la exdirectora general del ente público de radiotelevisión autonómico.

"Esta empresa se creó para hacer uno más de los enredos del Govern de Jaume Matas, en el que Rodríguez era el conseller de Interior", ha afirmado Multimedia. Umbert, como administradora única de Multimedia y socia mayoritaria de Desarrollo Digital Balear a través de Multimedia, formalizó un convenio entre ambas sociedades y sin ningún control ni administrativo ni jurídico para subvencionar los costes del transporte y la difusión de la señal de televisión a las empresas privadas.

La Abogacía califica la acción de Umbert en un informe de 2009 de "irregular" y "no ajustada a derecho", además de apuntar que "lo más curioso (aparte de denominar convenio a un pacto que se decía que se había celebrado entre dos sociedades mercantiles), era que la señora Umbert decía intervenir en su condición de directora general del ente público de radiotelevisión de las Islas Baleares en nombre y representación de Multimedia de las Islas Baleares, S.A., como órgano de contratación de esta sociedad".

"Este informe es el que se hizo servir para que los directores generales -entre ellos José Antonio Santos- regularizaran el disparate creado por Umbert" que, como ha podido comprobar Multimedia, costó más de 500.000 euros en la comunidad que no se han podido recuperar.

Multimedia ha añadido que Santos era vocal de Desarrollo Digital Balear S.L. por razón de su cargo y que entró a formar parte del consejo de administración con el encargo de regularizar la situación provocada por Umbert y, en último término, disolverla. Actualmente esta sociedad está disuelta. Asimismo, ha asegurado que Vives, como asesor fiscal de Multimedia, fue elegido por unanimidad por la junta de accionistas -privados y públicos- para hacer de secretario.

Multimedia ha considerado "vergonzoso" que el diputado del PP "manipule la realidad para hacer creer que hay una relación de interés económico entre ambas personas".

Desde Multimedia han asegurado que los contratos se hicieron de acuerdo con la legalidad, si bien es cierto que puede no constar o faltar algún trámite administrativo, que Multimedia atribuye a la reciente entrada en vigor de la nueva Ley de contratos del sector público, que conllevó un tiempo de adaptación a la nueva regulación.

En cuanto a las facturas, han aseverado que "entonces estaban todas y ahora están todas". No obstante, han precisado que aunque inicialmente no se enviaron a la Sindicatura, con posterioridad se adjuntaron con las alegaciones hechas al informe.