El Gobierno de Canarias ha decidido emprender una "acción judicial" para reclamar indemnizaciones por los daños a la imagen turística de las islas, como consecuencia del cierre del espacio aéreo a raíz del abandono de los controladores aéreos de su puesto de trabajo los pasados 3 y 4 de diciembre.

El Ejecutivo regional pretende materializar dicha acción "de manera inminente" y se añadirá a la denuncia que debido al cierre del espacio aéreo presentó en su momento la administración ante la Fiscalía, según informó en rueda de prensa en la capital grancanaria el portavoz del Gobierno canario y viceconsejero de Comunicación, Martín Marrero, que precisó que dicho asunto fue aprobado fuera del orden del día del Consejo de Gobierno.

"Se trata de evaluar el daño en términos turísticos de este destino, la repercusión que eso pueda tener en el tiempo, ya no en concreto en los días 3 y 4 de diciembre", cuando se produjo el plante de los controladores, explicó.

La idea del Ejecutivo es que esta iniciativa judicial de reclamación de indemnizaciones por el daño a la imagen de Canarias sea secundada por agentes económicos y sociales que resultaron afectados por esta situación "anómala e histórica" en cuanto al tráfico aéreo en España y, "particularmente por su lejanía y la falta de alternativas de transporte en Canarias".

De este modo, Marrero espera que esta medida "vaya a contar con una amplia representación socioeconómica de Canarias".

Daños sin cuantificar

En cuanto a la cuantificación de las indemnizaciones, dijo que el Gobierno está trabajando en ello de común acuerdo con los sectores sociales y económicos afectados por lo que ocurrió ese fin de semana, tales como asociaciones de usuarios y consumidores, agencias de viajes, empresarios de hostelería, restauración, alquiler de vehículos y actividades de ocio.

Marrero precisó que "el lugar de la presentación de la iniciativa judicial en la que trabajan los servicios jurídicos dependerá de cuál sea en concreto la iniciativa, porque puede ser querella, denuncia o demanda". "En cuanto se defina la acción ello llevará consigo el órgano ante el que se presenta", apostilló.

Culpan a los controladores

En cuanto a quién debe asumir el pago de las indemnizaciones, el portavoz señaló que "corresponderá a la judicatura decidir las responsabilidades".

"El Gobierno canario entiende que los responsables son los controladores, que son los que abandonaron sus puestos de trabajo y provocaron el cierrre del espacio aéreo, pero tendrá que ser la justicia la que defina quiénes son los resposnables", planteó.

En su opinión, los controladores "han causado un daño importantísimo y ojalá no sea irreparable a la imagen turística de las islas, más allá de las consecuencias directas del cierre del espacio aéreo".