Junta mantiene el compromiso de pagar la prestación de la Renta de Ciudadanía en tres meses desde la solicitud

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha mantenido el compromiso del Gobierno autonómico de abonar la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía en el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud.
José Antonio de Santiago-Juárez
José Antonio de Santiago-Juárez
JUNTA CYL

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha mantenido el compromiso del Gobierno autonómico de abonar la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía en el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud.

"Seguro que se va a cumplir", ha aseverado el portavoz de la Junta tras la aprobación este jueves del Decreto que regula la Renta Garantizada de Ciudadanía que permite la puesta en marcha y aplicación inmediata de esta nueva prestación para la que se han presupuestado 27 millones de euros para 2011.

El portavoz ha recordado que la Renta Garantizada de Ciudadanía está dirigida exclusivamente a las personas en exclusión social y ha aclarado que no tiene nada que ver con las ayudas que daba el Gobierno a los parados de larga duración que habían dejado de percibir el desempleo.

Según ha explicado, la Ley define a la Renta Garantizada de Ciudadanía como una prestación social, de naturaleza económica y percepción periódica y la considera como "la última red de protección". Así ha insistido en que la finalidad de la Renta es proporcionar los medios y apoyos necesarios para cubrir las necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de las personas que se encuentran en situación de exclusión social.

De Santiago-Juárez ha destacado que la Ley propone una acepción "más amplia y novedosa" del concepto de exclusión social ya que, en lugar de referirse tan sólo a los tradicionales procesos individuales de marginación, se extiende a la condición más objetiva de ausencia o insuficiencia de recursos y medios económicos necesarios para el desarrollo de un proyecto de vida normalizado.

La cuantía básica mensual de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía es del 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada ejercicio económico (426 euros).

A esta cuantía básica hay que añadir un complemento por cada miembro de la unidad familiar o de convivencia dependiente del titular de la prestación. Este complemento es del 25 por ciento de la cuantía básica por el primer miembro, 15 por ciento por el segundo y 10 por ciento por el tercero y siguientes, hasta un máximo del 130 por ciento del IPREM.

El nuevo reglamento contempla las normas de procedimiento administrativo para el reconocimiento del derecho a percibir la Renta Garantizada, requisitos y devengo y seguimiento de la prestación y establece las funciones, composición y funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

En concreto, el Decreto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades aprueba el Reglamento de desarrollo y aplicación de La Ley 7/2010 de 30 de agosto por la que se reconoce un nuevo derecho subjetivo, la Renta Garantizada de Ciudadanía, que beneficia a las personas que se encuentran en situación de exclusión social.

Entre otros aspectos, la Ley establece el carácter y finalidad de la Renta Garantizada de Ciudadanía, sus beneficiarios, requisitos para su percepción, cuantía, normas de procedimiento para su percepción, acciones para superar la situación de exclusión social, órganos competentes para la gestión de la Renta y mecanismos de seguimiento y control.

Reglamento regulador

El reglamento aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno regula, a través de ocho capítulos, el desarrollo y aplicación de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Así, e Capítulo I, Disposiciones generales, determina el objeto del reglamento y clasifica las situaciones de exclusión social en coyunturales y estructurales.

El Capítulo II, Requisitos de los destinatarios, desarrolla los aspectos relativos a los requisitos del titular y de los destinatarios de la prestación y regula de forma pormenorizada los criterios de cálculo de los ingresos y del patrimonio de los solicitantes.

Por su parte, el Capítulo III, Contenido obligacional, se refiere tanto a las obligaciones generales de los destinatarios como al contenido y alcance de los proyectos individualizados de inserción que contempla la Ley para superar la situación de exclusión social.

El Capítulo IV, Procedimiento de reconocimiento del derecho a la prestación, contempla las distintas fases para reconocer el acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía. En el Capítulo V se establece el mecanismo de devengo y seguimiento de la prestación.

El Capítulo VI se refiere al Procedimiento de modificación, suspensión y extinción de la prestación y en el Capítulo VII, trata de la Cooperación y colaboración, en materia de inclusión social, empleo y Hacienda entre los departamentos de la Administración autonómica competentes y con las entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen programas en el ámbito de la inclusión social.

Asimismo, el reglamento asegura la dotación a la Gerencia de Servicios Sociales de los medios personales y materiales e instrumentos técnicos necesarios para garantizar una gestión de la prestación ágil y eficaz.

El Capítulo VIII regula las funciones, composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía, órgano colegiado adscrito a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

La Comisión estará presidida por el titular de la Gerencia de Servicios Sociales, mientras que la Vicepresidencia corresponde al titular de la Dirección General de Política Social y Atención a la Dependencia. Además, la Gerencia aportará dos vocales a la Comisión.

El resto de la Comisión se compondrá por dos vocales de las organizaciones sindicales más representativas; dos vocales de la organización empresarial más representativa; un vocal en representación de los municipios de más de 20.000 habitantes y otro en representación de las diputaciones provinciales; un vocal del Servicio Público de Empleo; un vocal de la consejería competente en materia de Hacienda y, por último, un vocal de las entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen programas en el ámbito de la inclusión social.

Entre las funciones de la Comisión de Seguimiento figuran conocer las cuestiones que se le planteen desde los distintos órganos de las administraciones implicadas; potenciar el desarrollo de buenas prácticas que favorezcan la superación de las situaciones de exclusión; realizar un seguimiento de la evolución de la prestación; analizar y evaluar periódicamente los resultados obtenidos, y proponer actuaciones de mejora general de la prestación.

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