El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dejado en libertad a la pareja detenida el miércoles por agentes de la Guardia Civil acusada de amenazar a través de Internet a la europarlamentaria del PP Teresa Jiménez Becerril, según han informado fuentes jurídicas.

Ambos han negado los hechos en su declaración ante el magistrado y han calificado como "repulsivos" este tipo de ataques a políticos. Además han precisado que disponen de una red wifi sin protección mediante contraseña, por lo que "cualquiera" ha podido emplear su conexión para insultar a la 'popular', añadieron las citadas fuentes.

La pareja identificada como Joseba Andoni Ullibarri Urraca y Eva Montoya Camón, deberá comparecer en las dependencias judiciales más cercanas a su domicilio de forma periódica por orden del magistrado. Las amenazas fueron descubiertas a raíz de una investigación conjunta con la policía belga que partió de una denuncia de la eurodiputada 'popular' interpuesta después de recibir un correo electrónico amenazante el pasado 29 de junio en Bruselas (Bélgica) que, por su contenido, podría constituir un delito de terrorismo en su tipo de menosprecio a las víctimas.

El mensaje hace referencia a su hermano Alberto, político sevillano asesinado por ETA junto a su esposa en la noche del 29 al 30 de enero de 1998 en Sevilla. Además, contiene amenazas e injurias contra la eurodiputada.

Tras denunciar las hechos a la Policía Judicial belga, se iniciaron investigaciones conjuntas con el Servicio de Información de la Guardia Civil para la identificación de los posibles autores. Para ello se desarrollaron actuaciones en el ámbito de las nuevas tecnologías informáticas que han permitido identificar como presuntos a los ahora detenidos, que residen en el mismo domicilio de Vitoria.

Vinculados a batasuna

Los detenidos son Joseba Andoni Ullibarri Urraca y Eva Montoya Camón, ambos nacidos en Vitoria (Álava) y de 42 y 40 años respectivamente, y vinculados a la ilegalizada Batasuna. Asimismo, se ha procedido a los registros de su domicilio y de una lonja de su propiedad para esclarecer su participación en el envío del correo electrónico.

Las actuaciones se desarrollan bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 6 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de Madrid, donde se tramita una Comisión Rogatoria Internacional cursada por la Fiscalía General de Bélgica.