Al menos cinco imputados en el marco de la Operación Mar Blau

Según han informado a Europa Press fuentes policiales, por el momento podrían ser cinco o seis los imputados, si bien se prevé que todos ellos tomen declaración este jueves.

Al menos ya son cinco las personas imputadas en el marco de la Operación Mar Blau, abierta este miércoles por orden del Juzgado de Instrucción número 8 y en la que se investigan concesiones presuntamente irregulares desde Autoridad Portuaria de Baleares (APB).

Según han informado a Europa Press fuentes policiales, por el momento podrían ser cinco o seis los imputados, si bien se prevé que todos ellos tomen declaración este jueves.

No obstante, el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional no prevé nuevos registros ni nuevas detenciones durante esta jornada, ya que este jueves se dedicará a analizar la información incautada en los distintos allanamientos llevados a cabo con el inicio de la Operación, llevados a cabo en la sede de la APB en Palma, las oficinas de Trapsa en el Puerto de Maó, las de esta empresa en la capital balear y un domicilio particular en esta ciudad.

En concreto, en el marco de estas nuevas pesquisas se investiga la posible comisión de delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración de precios en concursos y subasta pública y estafa, en los que habrían incurrido funcionarios de la Autoridad Portuaria en el marco de estas adjudicaciones. La Operación continúa abierta y bajo secreto de sumario.

Las investigaciones se centran, entre otras concesiones, en el presunto trato de favor que recibió la empresa Trapsa Yates en el concurso convocado para la gestión de los amarres del puerto de Maó, del que resultó ganadora en octubre de 2008.

A raíz de esta concesión, Trapsa debía explotar los puntos de atraque durante 14 años y diez meses, con una inversión de 2,8 millones de euros para 155 amarres de 10 a 30 metros de eslora y una aportación de 600.000 euros al año a la Autoridad Portuaria por la explotación del dominio público portuario (frente a los 397.964 euros fijados en las bases del concurso).

Sin embargo, las indagaciones apuntan a que la convocatoria, cuyo pliego de bases y cláusulas fue aprobado por unanimidad por el Consejo de administración de la APB el 30 de septiembre de 2003, pudo ser amañanada a tenor, entre otros aspectos, de lo trascendido de una conversación entre el ex presidente de la APB, Joan Verger, y el director de la entidad, Ángel Matías, con el máximo responsable del Club Marítimo de Maó, Luis Barca, al margen del proceso de adjudicación.

Así, la Fiscalía ha enfocado sus investigaciones durante estos últimos meses, en relación con este nuevo caso de presunta corrupción, en las negociaciones que se habrían llevado a cabo independientemente del desarrollo del concurso y de la valoración de los técnicos a las distintas propuestas presentadas.

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