El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha asegurado que el Gobierno de la Nación demuestra "estar loco, sin dirección y sin patrón" si decide llevar al Tribunal Constitucional (TC) el impuesto aprobado por la Junta de Andalucía sobre los depósitos de las entidades bancarias presentes en la comunidad.

A preguntas de los periodistas tras mantener una reunión con UGT y CCOO, Valderas ha asegurado que su formación se situará del lado de la Junta de Andalucía en todo aquello que suponga una fiscalidad progresiva, "para que paguen más quienes más tienen". "Si a Zapatero se le ha olvidado quienes fueron sus votantes es su responsabilidad", ha añadido.

Asimismo, el líder de IULV-CA ha insistido en que el Gobierno de la Nación "ha perdido el norte" y que con un trabajo "tan sucio" como el que está llevando a cabo, el presidente del PP, Mariano Rajoy, debe estar durmiendo "a la pata llana".

El Gobierno de la Nación ha expresado sus "discrepancias" respecto a la creación de un impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito aprobado por la Junta de Andalucía, lo que ha motivado que ambas administraciones hayan decidido "iniciar negociaciones" con el objetivo de "resolver" dichas "discrepancias" en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación.

Así lo recoge un acuerdo adoptado en una reunión celebrada el pasado 5 de octubre por la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía y que se ha publicado tanto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), como adelantan este jueves los diarios del Grupo Joly.

Dicho acuerdo, firmado por el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, y recogido por Europa Press, emplaza a ambas administraciones a designar un grupo de trabajo encargado de "proponer" a la citada Subcomisión "la solución que proceda" para superar las discrepancias en relación con el artículo sexto del Decreto Ley 4/2010 de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad del Ejecutivo autonómico, que recoge la creación del impuesto sobre los depósitos bancarios en Andalucía.

Además, el acuerdo fue comunicado al Tribunal Constitucional antes del 9 de octubre, lo que amplía a nueve meses el plazo en el que el Gobierno central estaría habilitado para plantear un eventual recurso contra la norma autonómica. Dado que el Decreto Ley 4/2010 data del 6 de julio, dicho plazo concluye en abril de 2011. Se da la circunstancia de que el Gobierno de la Nación decidió recurrir la creación de un impuesto sobre depósitos bancarios en Extremadura, que la aprobó en 2001 bajo la presidencia de Juan Carlos Rodríguez Ibarra.