(Rogamos sustituyan la siguiente noticia por la que sigue por un error de la fuente informante en el segundo y tercer párrafo. Una vez corregida, la noticia queda como sigue. Disculpen la molestias). Junta afirma que ha destinado a Granada para los servicios de la Dependencia más de 40 millones desde 2008

La consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, ha afirmado este miércoles que la Administración autonómica ha transferido a la ciudad de Granada más de 40 millones de euros desde el año 2008 para financiar los servicios de la Ley de la Dependencia.

Según ha indicado Navarro a Europa Press en respuesta a una misiva enviada por el alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), advirtiendo del "desbordamiento" del consistorio por el crecimiento de las solicitudes de reconocimiento de la dependencia, sólo al Ayuntamiento granadino se han transferido desde el año 2008 más de 15 millones de euros destinados al refuerzo del personal de los Servicios Sociales Comunitarios y la financiación de la Ayuda a Domicilio.

Además, según ha indicado, a estos 15 millones de euros hay que añadir otros 25 más que ha invertido la Junta para el concierto de plazas en residencias y unidades de estancia diurna en Granada, donde a fecha de 10 de diciembre de 2010 hay 6.300 prestaciones concedidas y unas 4.600 personas beneficiarias, ya que algunas gozan de dos o tres prestaciones.

Según ha precisado, la Junta ha destinado unos 2,1 millones de euros al refuerzo de personal de los Servicios Sociales Comunitarios desde el año 2008 y sólo en el año 2010 ha transferido al Ayuntamiento de Granada y con seis meses de adelanto 8 millones de euros para financiar la Ayuda a Domicilio.

De este modo Navarro ha transmitido a Torres Hurtado que la ciudad "cuenta con los suficientes recursos para atender las demandas de la población", ya que, según ha subrayado, "el dinero que manda la Junta va en función de los expedientes de personas que solicitan la Ayuda a Domicilio".

No obstante, ha afirmado que existe la posibilidad de aumentar los recursos si se demuestra que no son suficientes, ya que, ha insistido, estos se determinan "en función del número de personas que tienen ese derecho reconocido".