La familia del cámara gallego José Couso, fallecido en un ataque del Ejército estadounidense en Bagdad en 2003, ha plantado al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en la reunión prevista este miércoles con el objeto de explicar la actuación del Ejecutivo en este caso tras las revelaciones de los papeles de Wikileaks, que apuntaban a la existencia de contactos entre miembros del Ministerio Público y de la embajada de EEUU sobre las causas que afectan a intereses norteamericanos que investiga la Audiencia Nacional.

La reunión, anunciada el pasado 3 de diciembre por el ministro portavoz del Gobierno, José Luis Pérez Rubalcaba, estaba prevista para las seis y media de la tarde en la sede del Ministerio pero la familia del cámara ha decidido no acudir a la misma y enviar en su nombre a sus representantes legales, Enrique Santiago y Leopoldo Torres.

En un comunicado, la familia ha explicado que su decisión se debe al clima de "desconfianza" generado por el conocimiento de los cables de Wikileaks y por las declaraciones posteriores de miembros del Gobierno de España.

Asimismo, ha anunciado la convocatoria de una concentración frente a la sede del PSOE de la madrileña calle de Ferraz a las 20.00 horas de este miércoles para "demostrar públicamente la indignación por la actitud del Gobierno, de la Fiscalía General del Estado y del PSOE, que han tratado de impedir en la sombra el normal funcionamiento de la Justicia española mientras públicamente hacían creer que apoyaban las reivindicaciones de la familia".

Este encuentro se produce horas después de que el ministro revelara que la última comisión rogatoria que España cursó a Estados Unidos para averiguar "la verdad" sobre este caso se produjo el pasado 29 de noviembre.

Denuncia de la familia

La familia de Couso presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra "funcionarios adscritos a la Fiscalía del Estado" a raíz de las revelaciones de los papeles de Wikileaks.

Según aseguraba la familia de Couso en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el contenido de los papeles de Wikileaks puede ser indicativo de "la existencia de una conspiración o concierto delictivo entre funcionarios de la Administración Central del Estado y altos cargos gubernamentales españoles, por una parte, y funcionarios de una potencia extranjera por otra parte".

La demanda especifica que estos "funcionarios y dirigentes políticos españoles con funciones gubernamentales" —en referencia al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez— aceptaron "distintas indicaciones e instrucciones impartidas por funcionarios de los Estados Unidos con la finalidad de interferir en la independencia y las actuaciones de un poder constitucional del estado, el Poder Judicial, perturbando gravemente la instrucción de una causa judicial por el mero interés político de los EE.UU".