La Operación Mar Blau, iniciada esta mañana por orden del Juzgado de Instrucción número 8 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, centra sus pesquisas, entre otras adjudicaciones, en el presunto trato de favor que recibió la empresa Trapsa Yates en el concurso convocado para la gestión de los amarres del puerto de Maó, del que resultó ganadora en octubre de 2008.

A raíz de esta concesión, Trapsa debía explotar los atraques durante 14 años y diez meses, con una inversión de 2,8 millones de euros para 155 amarres de 10 a 30 metros de eslora y una aportación de 600.000 euros al año a la Autoridad Portuaria por la explotación del dominio público portuario (frente a los 397.964 euros fijados en las bases del concurso).

Sin embargo, las indagaciones apuntan a que la convocatoria, cuyo pliego de bases y cláusulas fue aprobado por unanimidad por el Consejo de administración de la APB el 30 de septiembre de 2003, pudo ser amañanada a tenor, entre otros aspectos, de una conversación que trascendió entre el ex presidente de la APB, Joan Verger, y el director de la entidad, Ángel Matías, con el máximo responsable del Club Marítimo de Maó, Luis Barca, al margen del proceso de adjudicación, según han apuntado fuentes de la investigación a Europa Press.

El pliego fue publicado en el BOE el 12 de noviembre de ese año, y tal y como informó el presidente de la APB al anunciar la resolución del Consejo sobre el resultado del concurso, en ningún momento fue recurrido por nadie, mientras que en relación a las empresas que concurrieron -Trapsa, Ocibar, Club Marítimo y Ribera del Puerto-, aseveró que todas cumplían los requisitos exigidos.

No obstante, la Fiscalía ha centrado sus investigaciones, antes de que estallara este nuevo caso de presunta corrupción, en las negociaciones que se habrían llevado a cabo independientemente del desarrollo del concurso y de la valoración de los técnicos a las distintas propuestas presentadas, tal y como han aseverado las mismas fuentes.

Las pesquisas se encuentran en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, Antoni Rotger, quien ha decretado el secreto de sumario de las diligencias. A la sede de la APB en Palma se han desplazado agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional además del fiscal anticorrucpción Pedro Horrach. También han sido allanadas las oficinas de Trapsa en el Puerto de Maó, las de esta empresa en Palma y un domicilio particular en la capital balear.

En concreto, se investiga la posible comisión de delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración de precios en concursos y subasta pública y estafa, en los que habrían incurrido funcionarios de la Autoridad Portuaria en el marco de esta adjudicación.

Verger ya fue investigado por la concesión del varadero de palma

Cabe recordar que a Verger ya se le investigó anteriormente por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios en el proceso de adjudicación del servicio de varada y botadura de embarcaciones en los muelles comerciales del puerto de Palma, pese a que finalmente las diligencias informativas que incoó la Fiscalía Anticorrupción en este sentido fueron archivadas.

Servicios Técnicos Portuarios S.L., integrada por las empresas IP3M, Trapsa Yates y Maria Deportiva del puerto de Alicante S.A., resultó ganadora el 2 de agosto de 2003 de este concurso público, con una oferta de ejecución de 15,6 millones de euros y un canon anual de 1,9 millones.