Los tres grupos con representación parlamentaria han pactado este miércoles pedir al Gobierno central que acometa las modificaciones normativas y legales que "sean necesarias" para facilitar la regularización de los buques que quedaron fuera del proceso. Se trata, fundamentalmente, de embarcaciones tradicionales gallegas que están actualmente fuera de ordenación.

El texto aprobado por las tres fuerzas políticas fue impulsado por la diputada socialista Marisol Soneira, quien añadió a su proposición no de ley una enmienda del BNG para reclamar a la Xunta que negocie la transferencia a Galicia de las competencias, funciones y servicios en materia de ordenación del sector pesquero.

El PP, de este modo, se ha sumado a un acuerdo en el que también se pide a la Dirección General de la Marina Mercante que dicte las instrucciones "pertinentes" a las capitanías marítimas para que puedan inscribir los datos reales de las embarcaciones y hacer así una reserva a efectos pesqueros.

Los "deberes" —en palabras de la propia Soneira— también se le ponen a la Xunta, a la que se le demanda que facilite el acceso de las embarcaciones que lo necesiten al tonelaje y potencia para su regularización; y que priorice el acceso a la potencia y al tonelaje a las embarcaciones que lo necesiten para su regularización dentro de los programas de paralización definitiva de actividad.

Iniciativa "constructiva"

En su defensa del texto, la socialista ha afirmado que su ánimo es "constructivo" con la intención de evitar que buques queden fuera de ordenación por sus características pese a "la clara voluntad de regularización" de sus patrones. "Modifiquemos la ley para no condenarlos a la marginalidad", ha solicitado.

El diputado del Bloque Bieito Lobeira también se ha mostrado consciente del "serio problema" que sufre el sector pesquero como consecuencia de la ley estatal de regulación que aprobaron "PP y PSOE en Madrid" y a la que se opuso su formación, consciente de "las singularidades de la flota pesquera gallega".

Prueba de ello, tal y como ha apuntado, es que el 95 por ciento de los buques sin regularizar en todo el Estado son gallegos. "Se puede condenar a la ilegalidad a más de 1.100 barcos", ha alertado, tras expresar "la constatación dramática de que el problema es esencialmente gallego". "Si alguien necesita las competencias de regulación del sector, somos nosotros", ha concluido.

En su turno, la popular Marisol Piñeiro ha responsabilizado en exclusiva al Gobierno central de esta situación pero, con reservas, ha ofrecido su respaldo al texto. "Estaremos atentos a que no sea un mero parche", ha remarcado, para advertir de que "si no da resultados", el PP "no se quedará de brazos cruzados" sino que impulsará en el Congreso una proposición de ley para corregir la situación. SALVAMENTO

Por otra parte, en la segunda jornada de la sesión plenaria también se debatió una moción impulsada por el nacionalista Bieito Lobeira para reclamar a la Xunta "un modelo alternativo" de Salvamento Marítimo una vez constatado "el fracaso" que ha supuesto el actual a la vista de la "alta" tasa de siniestralidad y del gran número de episodios de contaminación marítima, que no contó con el apoyo del PP.

Según su criterio, el Gobierno gallego debe reclamar "poder político" y "competencias propias" y diseñar su propio modelo de salvamento, que debe concebir esta prestación como "un servicio" y no como "un negocio". Además, debe prever el incremento de medios para Galicia.

En su turno de posicionamiento, Marisol Soneira ha optado por centrarse en el plan territorial de contingencias, competencia de la comunidad autónoma, para "adaptarlo" al nuevo Plan de Salvamento "incorporando la experiencia acumulada" en anteriores catástrofes marítimas como el accidente del Prestige.

Enfrente, el portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Popular, Xosé Manuel Balseiro, ha replicado que la Xunta ya está "actualizando" el plan de contingencias y ha lamentado no poder contar con los expertos del Centro de Prevención y Lucha contra la Contaminación Marítima y Litoral (Cepreco), trasladado por decisión del Gobierno central de A Coruña a Madrid.

Criticado este punto, ha garantizado el "compromiso" de la Xunta con la mejora de los medios para luchar contra la contaminación marítima y la siniestralidad de los trabajadores en el mar, incluso en cuestiones que son "competencia del Gobierno central" dado que sus planteamientos "no son satisfactorios".

Sobre la petición del nacionalista, ha admitido que Galicia "tiene que seguir avanzando en su autogobierno", pero ha justificado su voto en contra en que esta medida no haya sido impulsada por el Bloque cuando tenía responsabilidades de gobierno.