La consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Ejecutivo asturiano, Ana Rosa Migoya, ha manifestado este miércoles en la Junta que a lo largo de esta legislatura no se ha dado el acuerdo necesario ni las condiciones para sacar adelante una ley de Función Pública, tal y como les hubiese gustado y por tanto el Gobierno ha optado por plantear las modificaciones necesarias y urgentes, dándole primero cobertura jurídica a la Ley de Carrera Profesional y ahora dando más garantías jurídicas a la provisión de puestos de trabajo a través de la modificación de la ley.

"El Ejecutivo ha optado por una norma más concreta que de mayor seguridad jurídica a los provisión de puestos de trabajo con una ley mucho más concreta, similar a la de otras comunidades como la Comunidad valenciana", dijo Migoya, que lamentó que haya habido organizaciones sindicales que han optado por la vía de la judicialización en las relaciones laborales del ámbito de la administración pública.

La consejera indicó que la nueva norma clarifica y fija los criterios que han de regir los procesos de selección y se da seguridad jurídica a los mismos, con lo que justificó la necesidad de la misma. Defendió además el trabajo del Ejecutivo en materia de empleo público y destacó la "estabilidad" que se ha dado al colectivo de funcionarios. Destacó además que el sistema de provisión de libre designación es algo "excepcional" y se usa para puestos que revisten especial "responsabilidad y confianza" y lamentó que algunas organizaciones sindicales hayan optado por la vía de judicialización.

Ana Rosa Migoya defendió que actualmente de los 22.221 funcionarios -excluyendo los estatutarios— del Principado hay 635 nombrados por libre designación, lo que supone un 2,9% y añadió que tras la aprobación modificación de la Ley habrá 485, lo que supone un 2 por ciento frente al 5,8 por ciento existente cuando el PP gobernaba.

Por ello la consejera acusó al PP y a su diputado, Ramón García Cañal de demagogo. "Tiene bemoles que alguien que estuvo en el Gobierno de Sergio Marqués venga a esta Cámara a lanzarnos exabruptos y a acusarnos de saltarnos la ley", dijo Migoya.

Migoya ha comparecido para explicar el proyecto de Ley de modificación de la Ley de Función Pública. Antes de ella comparecieron los representantes de una docena de organizaciones sindicales que mostraron su "absoluto" rechazo al proyecto y acusaron al Gobierno de buscar "saltarse la ley y eludir las sentencias al respecto".

Las mismas críticas fueron compartidas por los grupos parlamentarios del PP y de Bloque por Asturias. Así, el diputado del PP, Ramón García Cañal, recordó a la consejera la existencia de numerosas sentencias que dan la razón a esas organizaciones sindicales "de las que habla la consejera" y anunció la presentación de una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley por parte de su grupo.

El diputado del PP dijo además que con este proyecto de Ley el Gobierno quiere legalizar lo que por sentencia se ha declarado contrario a la ley y recordó que el Ejecutivo tenía como compromiso presentar en el Parlamento la nueva Ley de Función Pública. Añadió que la finalidad primordial de cualquier reforma en esta materia debe ser mejorar la calidad de los servicios que los ciudadanos reciben de la Administración y en este sentido "el Gobierno no ha traído ninguna modificación a la Junta".

"Primero traen una modificación para corregir las alegalidades e ilegalidades cometidas con la carrera profesional y ahora traen otra que regula la libre designación, algo bastante alejado de la mejora de los servicios", dijo Cañal, que indicó que los sindicatos han manifestado "un rechazo casi unánime a la modificación".

Por ello Cañal acusó al Gobierno de "hacer todo lo posible para escapar de la justicia" y de ahí la tramitación de este proyecto de Ley por trámite de urgencia.

La diputada del PSOE, Servanda García, recordó a Cañal que cuando el era consejero "también se usaban los mismos métodos de nombramiento " y añadió que la Administración siempre busca la máxima capacidad y máxima valía en esos nombramientos.

Por su parte la diputada de IU-Verdes, Diana Camafeita, compartió con la consejera la falta de condiciones para poder sacar adelante una nueva ley de Función Pública sobre la base del consenso. "A nosotros nos hubiera gustado que hubiera sido posible y considero que esta modificación era necesaria", dijo Camafeita, que afirmó que recogerá algunas de las cuestiones planteadas por los sindicatos para poder mejorar el texto.

El representante del BA, Roberto Colunga, criticó que tras ocho años de espera de la nueva ley se presenta una modificación que busca saltarse las sentencias judiciales. Así recordó que más del 10% de los funcionarios tienen libre designación y acusó al PSOE de hacer de la excepción una norma y presentar una modificación "a su imagen y semejanza muy lejos de los criterios de igualdad, capacidad y mérito".