Decretado secreto de sumario para todas las partes en la investigación del concurso de hemodonación canario

La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, ha declarado el secreto de sumario para todas las partes implicadas salvo para el Ministerio Fiscal en la investigación acerca del concurso de hemodonación adjudicado por el Gobierno de Canarias a la empresa 'Lifeblood', según informó este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, ha declarado el secreto de sumario para todas las partes implicadas salvo para el Ministerio Fiscal en la investigación acerca del concurso de hemodonación adjudicado por el Gobierno de Canarias a la empresa 'Lifeblood', según informó este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

En concreto, la jueza ha explicado que esta decisión se alargará un mes y está motivada por "las especiales circunstancias que concurren" y la certeza de que "su conocimiento podría perjudicar la investigación en curso".

El escrito de la jueza pone de manifiesto que la investigación estudia un "presunto delito de cohecho" y otros "presuntos delitos contra la administración pública relacionados con concursos públicos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias".

El secreto para garantizar las diligencias

El razonamiento para decretar el secreto de sumario para todas las partes se fundamenta en que "el entorno a investigar se circunscribe a una Consejería del Gobierno de Canarias" y que las diligencias incluyen actuaciones acerca de "personas conocidas entre sí e incluso con cotidiana relación profesional, que intervienen en los procedimientos administrativos y en la prestación de servicios públicos".

"Lo cual determina que en caso de conocerse con antelación por las personas implicadas y por su entorno, algunas de ellas con relación de subordinación administrativa o laboral entre sí, las diligencias cuya práctica se ordene, ello pudiera racionalmente derivar en intrusiones previas a las diligencias de prueba testifical y documental", sostiene el auto.

La investigación,

Fuera del sistema informático del gobierno canario

También explica la jueza que "debiendo de evitarse cualquier acceso ilícito a la causa mediante medios informáticos" ha decidido tramitarla "por el momento de manera externa al sistema informático del Gobierno de Canarias, garantizándose en todo caso las puntuales notificaciones al Ministerio Fiscal".

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