Un total de doce representantes de diversos sindicatos y organizaciones de trabajadores comparecieron este miércoles en la Junta General para mostrar su parecer sobre el Proyecto de Ley del Principado para la reforma de la Ley de Función Pública. La mayoría de ellos aludieron a las "numerosas sentencias" del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en las que se "alerta del abuso por parte del gobierno del sistema de libre designación para cubrir numerosas plazas de la Administración, en su mayoría de jefatura de servicios" y coincidieron en señalar que con esta modificación de la Ley el Gobierno "quiere saltarse dichas sentencias".

Entre los intervinientes se encontraba la representante de UGT, Mar Celemin, que destacó que este es ya el octavo cambio de la Ley de Función Pública desde su aprobación y reclamó una vez más la puesta en marcha de una nueva ley.

Respecto a la modificación a debate Celemín consideró "necesaria" la misma y afirmó que la misma trata de dotar de mayor seguridad jurídica y estabilidad en los procesos de selección de personal que han sido objeto de judicialización. No obstante destacó que es cierto que hay un exceso de puestos de libre designación, algo que debería ser "analizado con detenimiento". También criticó que la modificación no garantizará la objetividad en los concursos de méritos y destacó el rechazo de su organización hacia las comisión de servicio.

Desde CCOO, su representante José Antonio Fernández, mostró el rechazo de su organización al "abuso" de la libre designación para cubrir los puestos de servicio y rechazó buena parte de los puntos que restablece la modificación de la ley, como la permanencia de los trabajadores en las comisiones de servicio.

Por todo ello abogó por debatir en la Cámara el texto presentado por el Gobierno para poder aprobar en el parlamento el mejor texto posible.

Para el representante de USO, José Manuel Martínez, la modificación propuesta por el Ejecutivo asturiano "no es más que un parche que pretende eludir la legalidad y moldear la norma al gusto y al capricho de los políticos". "Interpretación subjetiva e interesada", fueron algunas de las expresiones utilizadas por Martínez en sus duras críticas hacia el proyecto de ley objeto de debate.

También intervino y se opuso a la modificación de la Ley el representante de Cemsatse, José Manuel Martín, que indicó que a su colectivo -de médicos y enfermeros—, le parece que lo que se pretende es dotar a la Administración de una ley que "permita el expolio, haciendo desaparecer avances de siglos". Martín quiso dejar claro que el voto de su organización en la mesa general fue contrario a la modificación. Desde Suatea, según su representante José Antonio Alonso, se muestra también un rechazo total a la modificación de la ley propuesta por el Ejecutivo.

Para el representante de CSI-CSIF, Juan Gavira, el Gobierno pretende "una vez más modificar la Ley para dar vía libre a las malas prácticas que se vienen desarrollando" y consideró que la exposición de motivos de la Ley está "plagada de mentiras". "El Gobierno quiere ocultar barbaridades jurídicas y administrativas, poniendo en duda la funcionalidad y lealtad de los trabajadores públicos", dijo.

En la misma línea se manifestó el representante de la Corriente Sindical de Izquierdas, Miguel Ángel González, que acusó al Gobierno de querer mantener bien colocadas a personas allegadas y bien controlados algunos puestos de trabajo.

Similar fue la opinión del representante de USIPA, José Luis González, que a modo de resumen indicó que lo que "pretende el Gobierno con esta modificación de la Ley es saltarse las sentencias judiciales".

El representante de ANPE, Gumersindo Rodríguez, se preguntó por qué se modifica ahora el régimen jurídico para la designación de puestos y añadió que parece que la Administración Pública desconfía de sus funcionarios y busca colocar a sus amigos en algunos puestos. Añadió que con el nuevo sistema se convierte a los trabajadores público en trabajadores políticos al servicio de quien manda y se desmorona la eficacia administrativa que parece no importa para nada a esta administración.

Muy crítico con la ley se manifestó también el presidente del Conceyu por Otra Función Pública N'Asturies, Javier Álvarez Villa, que se tras una somera explicación manifestó que el proyecto de ley "es inconstitucional por partida doble, dijo y añadió que con el mismo se elude el cumplimiento de las sentencias del TSJA".