El secretario general de Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha lamentado que el presidente del PP-A, Javier Arenas "mezcle churras con merinas" al criticar el acuerdo Gobierno-Junta en materia de vivienda, tras lo que ha lamentado que el dirigente popular "la falta el respeto a los jóvenes receptores de las ayudas al alquiler".
En declaraciones a Europa Press, Gómez de Celis ha lamentado que Arenas "mezcla churras con merinas y no sabe bien de lo que habla, porque lo habrán asesorado mal".
De esta forma, precisó que "Arenas habla de todo el Plan 2009-2012, mientras que lo que el pasado lunes se ha acordado corresponde a la anualidad, con las viviendas protegidas y calificadas que se van a construir en 2011 en Andalucía y además se habla de todos los programas, no sólo de vivienda en compra sino también de VPO, ayudas al alquiler para jóvenes, suelo o rehabilitación".
"Sobre todo eso se va a firmar el próximo 23 de diciembre entre la secretaria de Estado, Beatriz Corredor, y la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, por lo que Arenas muestra un evidente desconocimiento, profundo y absoluto", lamenta Gómez de Celis.
Asimismo, ha lamentado la "evidente falta de respeto a miles de jóvenes que acceden a una ayuda al alquiler a nivel estatal, que es la misma ayuda que reciben en comunidades del PP". "Arenas las llama 'ayuditas' de forma irrespetuosa para el gasto público y para los miles de jóvenes que acceden a esas ayudas", apunta.
Ha destacado que esas ayudas al alquiler "se van a triplicar en Andalucía, en cuanto a numero de beneficiarios, toda vez que los previsto con el Ministerio era de 2.077 y finalmente se van a firmar más de 6.000".
El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha asegurado que el convenio bilateral en política de vivienda protegida, cerrado este lunes en una reunión entre el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, supone un recorte de 1.000 millones de euros del Plan Concertado de Vivienda y Suelo (2008-2012).
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