UGT Extremadura ha reclamado un "mayor compromiso" del Gobierno central para solucionar el problema de las ejecuciones hipotecarias ya que viene observando "con preocupación" cómo el número de familias trabajadoras que pierden su vivienda "se incrementa alarmantemente" mes a mes, con lo que a finales de 2010 serán "más de 280.000 en toda España".

El sindicato ha señalado en un comunicado que a pesar de que el índice de morosidad en Extremadura en el mes de octubre se situaba en el 4 por ciento, por debajo del 5,9 por ciento a nivel nacional, es "probable" que este índice "empeore" en los próximos meses debido "al final del ciclo bajista del Euribor y las previsiones a corto plazo de incremento del mismo".

Según UGT Extremadura, esto "comprometerá el pago de la cuota hipotecaria a un mayor número de ciudadanos". Al respecto, añade el sindicato que hay que tener en cuenta los efectos "negativos" de la supresión de los 426 euros que "pueden agravar aún más la situación".

El sindicato ha dicho que "existen motivos suficientes para intervenir urgentemente" en la búsqueda de alternativas a los desahucios, embargos y ejecuciones hipotecarias que se están produciendo.

Acuerdos y modificación de la normativa

UGT considera "imprescindible" que se faciliten acuerdos entre prestamistas y prestatarios desarrollando para ello un organismo mediador con capacidad para "imponer" condiciones de negociación que evite la judicialización y venta directa de los inmuebles sin arbitraje.

También es necesario, según la organización sindical, promover la modificación de la normativa española para hacer posible la dación en pago por la totalidad de la deuda como fórmula para satisfacer las deudas de los prestatarios "de buena fe" que no puedan hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias.

Por último, UGT Extremadura considera "imprescindible" promover convenios entre el Ministerio de Fomento, la Sociedad Pública de Alquiler y las entidades financieras para que las viviendas embargadas fruto de las ejecuciones hipotecarias puedan ser alquiladas, en caso de acuerdo entre inquilino y arrendador, por los propietarios desahuciados.

El sindicato reclama en este sentido que accedan tanto inquilino como arrendador a las ayudas que contempla el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, "garantizando en último término que los inquilinos no destinen más de 30 por ciento de sus ingresos a este fin y el cobro de las rentas a las entidades financieras".