El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio han expresado su rechazo a la supresión de las cuotas de las cámaras de comercio anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y han pedido reunirse con el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, para que reciba al comité ejecutivo de las Cámaras de Comercio, toda vez que quieren transmitirle su "preocupación por los riesgos que comportan dichas medidas al poner en peligro los servicios que las cámaras prestan a las pymes andaluzas".

El Consejo Andaluz, formado por las 14 cámaras de comercio andaluzas, ha celebrado este martes un pleno en Linares (Jaén) en el que han analizado las "graves consecuencias" que pueden derivarse de la supresión del recurso cameral contemplada en el real decreto anunciado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Tras un largo debate en el que los presidentes han manifestado sus preocupaciones e inquietudes sobre el problema, se han adoptado una serie de acuerdos, entre ellos el de "manifestar su rotunda disconformidad con tan inoportuna y precipitada medida, que se ha hecho sin contar con las comunidades autónomas que tienen competencias, y sin ser consultadas las cámaras de comercio".

Asimismo, se ha aprobado una declaración formal para elevarla a los partidos políticos, Administración, instituciones, organizaciones empresariales y sociales, así como a la opinión pública.

Además, las cámaras remitirán un escrito al consejero tutelante de las cámaras de comercio, esto es, el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, para que "aclare con carácter urgente las numerosas dudas o cuestiones de aplicación del decreto que debe implantarse con carácter inmediato".

La declaración institucional

Asimismo, la declaración institucional aprobada por unanimidad apunta que el real decreto-ley 13/2010, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, "introduce profundas modificaciones en la Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, viéndose afectada al mismo tiempo la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía, aprobada en el Parlamento de Andalucía por unanimidad de todos los partidos políticos".

Ha recordado que esta modificación "supone básicamente la supresión del recurso cameral permanente y la voluntariedad de pertenencia a las cámaras de comercio, pero manteniendo todas y cada una de las funciones que estas corporaciones tienen atribuidas por el legislador, así como su carácter de entidad pública".

Para las cámaras andaluzas, este real decreto-ley supone "una ruptura con el modelo continental de Cámaras de derecho público seguido por países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Italia, Holanda, Austria, Croacia, Grecia, Luxemburgo y Turquía, entre otros".

En ese sentido, ha recordado que las cámaras "son corporaciones de Derecho Público, que defienden los intereses generales del comercio, la industria y la navegación, lo que pone de relieve su carácter independiente, estando constituidos sus órganos de gobierno, elegidos democráticamente, por empresarios que representan a los diferentes sectores más relevantes de actividad de las distintas demarcaciones territoriales".

Para el Consejo Andaluz "la supresión de la obligatoriedad del pago de la cuota cameral, sin dar alternativas de financiación pública, impedirá el acceso a las pymes y autónomos andaluces, de los servicios puestos a su disposición actualmente y que difícilmente podrán acceder a ellos con la calidad, profesionalidad y objetividad que las cámaras ofrecen, afectando igualmente al desarrollo de programas de mejora de la competitividad de las pymes".

Recordaron que el 50 por ciento de las empresas andaluzas "no paga el recurso cameral permanente y un 80 por ciento, o no paga o tienen una cuota inferior a 20 euros al año". También aludieron a que las cámaras andaluzas "actúan ofreciendo servicios especializados en los campos de la internacionalización, innovación, mejora de la competitividad y apoyo a la creación de empresas".

Efectos en andalucía

Entre los efectos en Andalucía de la medida del Gobierno, el Consejo andaluz de Cámaras advirtió de que "pone en peligro la continuidad del proceso de internacionalización de las empresas andaluzas", de manera que "1.000 empresas andaluzas al año dejarán de participar en misiones comerciales; 4.122 empresarios andaluces al año no podrán formarse en internacionalización".

Asimismo, han advertido de que "2.789 consultas dejarán de atenderse en el ámbito del sector exterior anualmente a través del Programa C@BI y C@SCE; 1.000 empresas no contarán con apoyo para iniciarse en la exportación gracias a través del programa PIPE; 250 empresas no podrán recibir la ayuda en el programa de continuación de su internacionalización a través del PIPE; 50 empresas andaluzas no podrán tener acceso a licitaciones internacionales a través del programa ILI; cerca de 200 empresas no podrán tener acceso a información tecnológica internacional a través del programa SITI; y la tramitación de los documentos de Admisión Temporal de Mercancías y de los Certificados de Origen Comunitario quedaría paralizada".

El Consejo Andaluz advirtió de que "se pone en peligro los servicios de apoyo a la creación y consolidación de empresas de nuestra Comunidad, de forma que 16.000 consultas de asesoramiento personalizado y especializado dejarán de ser atendidas; 1.200 empresas andaluzas dejarán de participar en acciones de apoyo a la creación y consolidación de empresas; y 5.400 empresarias andaluzas no contarán con asesoramiento para la puesta en marcha de su actividad".

Por último, advirtieron de que "se pone en peligro las acciones de impulso de la innovación y nuevas tecnologías en las empresas de Andalucía, de manera que 1.300 planes de innovación a empresas para implantar las nuevas tecnologías dejaran de realizarse; 2.300 acciones en materia de innovación para las empresas andaluzas dejarán de gestionarse; 2.600 productos tecnológicos en el marco de distintos proyectos entregados no podrán tener seguimiento y mejora; y 21.000 certificados digitales emitidos en Andalucía verán dificultada su continuidad".