El alcalde de Almassora (Castellón), Vicente Casanova, ha logrado, tras años de gestiones, reuniones y entrevistas en instancias autonómicas, que los "problemáticos" bloques de viviendas que el Instituto Valenciano de la Vivienda Sociedad Anónima (IVVSA) posee en el número 167 de la avenida José Ortiz vayan a ser demolidos, según ha informado el Ayuntamiento de esta localidad en un comunicado.

El derribo, que el equipo de gobierno, y Casanova en primera persona, ha perseguido desde hace años, "va a ser una realidad, lo que constituye, sin lugar a dudas, un hito histórico para la población", ha asegurado el alcalde.

El equipo de gobierno ha entregado una copia del convenio a los grupos de la oposición al cierre de la comisión de Gobernación celebrada este lunes para, posteriormente, elevar el documento esta tarde a la sesión plenaria ordinaria del mes de diciembre.

"Hemos considerado que el pleno, el máximo órgano de representación municipal, debía conocer el documento, aunque no es necesario", ha apuntado el primer edil, quien ha añadido, que "lo hemos elevado en forma de moción, dado que entró en el consistorio a última hora del pasado viernes y el pleno se había convocado el jueves".

Así, ante la alternativa de aprobarlo a través de un decreto de alcaldía, el equipo de gobierno considera que era un asunto de "suficiente calado" como para dar traslado al pleno, según ha apostillado el primer edil. En todo caso, la rúbrica del convenio entre el alcalde y la Conselleria de Urbanismo y Vivienda se producirá después de que este miércoles el documento sea avalado por la Generalitat Valenciana y el Gobierno central en Madrid, tal y como está previsto por parte de ambas instituciones.

Estas viviendas, construidas en la década de los 80 para albergar a familias con escasos recursos, se planificaron con una clara vocación social que, sin embargo, acabó degenerando en un foco de conflictos sociales, según ha indicado el consistorio.

"Hace años se derribaron tres de los seis bloques que se construyeron inicialmente, logrando una mejora y reforma de las instalaciones que, transcurrida más de una década, volvieron a convertirse en un foco de degradación, abandono y conflictos", ha recordado Casanova.

Desde que en el ejercicio 2003 Vicente Casanova se hiciera cargo de la alcaldía, la búsqueda de soluciones a este "problemático" inmueble ha sido una de sus "prioridades". "Hemos peleado ante las administraciones autonómicas, reunido con Consellerias y trabajado, de forma callada y discreta, para que este foco de problemas y degradación con el que han tenido que convivir nuestros vecinos durante años tuviera una efectiva solución", ha dicho el alcalde.

El edificio del 167, ubicado en la avenida José Ortiz, a escasos metros del camposanto de la población y flanqueado por los grupos de vecinos de Fátima y Pío XII, será derribado gracias al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Almassora con la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de la que depende la Dirección General de la Vivienda, y el Ministerio de Fomento.

El convenio, que permitirá la financiación de la demolición de las actuales viviendas y la edificación y reordenación del entorno, se ejecutará después de que este miércoles la secretaria autonómica de la Conselleria de Vivienda, María Ángeles Ureña, suscriba el documento con Beatriz Corredor, secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, del Ministerio de Fomento. INVERSIÓN

La actuación que el primer edil eleva esta tarde al pleno y que el miércoles se formalizará en el Ministerio de Fomento contempla la declaración del ámbito "Grupo José Ortiz número 167" de Almassora como Área de Renovación Urbana y estima una inversión de 8.196.912,76 euros.

La figura la contempla la Generalitat Valenciana en sus decretos 66/2009 y 105/2010, al objeto de poder abordar la renovación de áreas degradadas mediante la reurbanización y la construcción de nuevas viviendas. Asimismo, el Real Decreto 2006/2008 regula el Programa de Áreas de Renovación Urbana y establece que su objeto es la renovación integral de barrios o edificios de viviendas que precisan actuaciones de demolición y sustitución de los edificios, y de urbanización o reurbanización.

En base a estos programas, el Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana y el IVVSA han desarrollado un proyecto que advierte del "avanzado estado de deterioro generalizado" de este inmueble, tanto a nivel estructural, de saneamiento y de instalaciones eléctricas, así como se constata que el grupo de viviendas se ha convertido en un "punto de conflicto".

Por ello, se acuerda el realojo de las familias afectadas, la demolición de los inmuebles, así como la reurbanización del entorno y la construcción de 60 nuevas viviendas de protección pública. Sin embargo, estos inmuebles, al contrario que los actuales, saldrán al mercado con un régimen de alquiler de precio general.

"El proyecto, por tanto, no sólo derriba el grupo de inmuebles afectados, sino que además sanea la zona, reordena el entorno y construye viviendas de protección pública, ofertadas con un régimen de alquiler general público idéntico al que ya se oferta en otros puntos de nuestra localidad en inmuebles que no han sido vendidos, con la única condición de que la titularidad seguirá en manos del IVVSA", ha declarado el alcalde.