Los tres grupos políticos del Pleno del Ayuntamiento de Valladolid han aprobado una moción que solicita a la Junta de Castilla y León que no se imponga la prestación de nuevos servicios sociales sin la negociación previa que permita al Consistorio tener la adecuada financiación, así como un refuerzo de los equipos de salud mental que centren su labor en la atención a personas con discapacidad o situación de dependencia.

El Pleno correspondiente al mes de diciembre ha significado la aprobación de las dos mociones presentadas por Izquierda Unida y el Grupo Socialista sobre la prestación de Servicios Sociales y también en una reclamación al Gobierno regional para que se mantenga la colaboración con el Ayuntamiento en la realización de programas de Educación Ambiental.

El Grupo Socialista presentó la moción referente a la reclamación sobre los nuevos servicios sociales con una crítica a la Consejería de Familia de la Junta por considerar que ésta incluye y excluye programas a financiar según su "exclusivo criterio" y "sin alcanzar acuerdos previos" con los ayuntamientos.

Según el presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente, ha explicado que a estos equipos de atención a las personas en situación de Dependencia se les asignaron funciones de asesoramiento, valoración y diagnóstico de personas dependientes y además deben intervenir en los casos derivados de atención de salud mental.

Puente, pese al acuerdo entre los tres grupos, criticó que la concejal de Bienestar Social, Empleo y Familia, Rosa Hernández, quiso echar en cara las supuestas carencias de la Ley de Dependencia. Además, la edil defendió la acción municipal en los servicios sociales.

El Grupo Popular introdujo una enmienda de sustitución al tercero de los puntos planteado por los socialistas que planteaba la creación de equipos con función exclusiva de la atención a la salud mental por la petición del refuerzo de estos equipos para que se intervenga en estos problemas y, al mismo tiempo, se mejoren los sistemas de coordinador socio-sanitaria. Tanto PSOE como IU apoyaron la introducción de esta modificación.

En la otra moción, Izquierda Unida planteaba su propuesta para instar a la Junta a que siga manteniendo los convenios de colaboración para la realización de los programas de Educación Ambiental y que si no se podía aportar el presupuesto suficiente equivalente al montante de este convenio sea el Consistorio quien aporte la cuantía.

En el prae

Por este último motivo, los populares consideraron más oportuno sustituir las propuestas por una única que insta al Gobierno regional para suscribir un nuevo convenio en materia de educación ambiental que incorpore los recursos que ofrece el Centro de Recursos Ambientales (PRAE), donde como explicó el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, se llevarán a cabo estas actividades impartidas por los propios técnicos de la Junta.

Los asuntos aprobados por comisiones, que en el Pleno de este lunes se adelantaron en el orden del día para que el concejal Ildefonso Pastor pudiera votar en temas que requieren mayoría absoluta de 15 ediles —el edil tenía que desplazarse a Madrid para asistir al Pleno del Senado—, en este punto, los acuerdos no se produjeron y de hecho el debate de las enmiendas a las ordenanzas fiscales de 2011 fue el más polémico.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Pablo Gerbolés, intervino en el Pleno para incidir en la oposición de 60 agrupaciones sociales, vecinales y sindicales a la introducción del cobro por la ocupación de vía pública para asuntos que no sean benéficos, que estaba incluido como hecho imponible pero que hasta principios de 2010 no se había intentado cobrar.

El propio alcalde, en la rueda de prensa posterior al Pleno, ha explicado que la decisión se derivó de la caída en los ingresos municipales y que el cobro está recomendado por los técnicos. No obstante, mostraron sus críticas tanto el concejal de IU, Alfonso Sánchez, que anunció la intención de acudir a los tribunales; como el presidente del Grupo Socialista, que acusó al primer edil de querer "hostigar" a los movimientos sociales.

Dentro de estas ordenanzas, como reprochó la oposición, se recoge como hecho imponible el cobro a las entidades bancarias por la instalación de cajeros —277,93 euros por módulo y año—, algo que según Puente no se ha hecho desde el año 2006. Sin embargo, el concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, ha defendido que está reconocido el derecho a este cobro al 100 por ciento y el regidor matizaba que se está tramitando pese a diversas sentencias "contradictorias" en otras ciudades.

Suelo en palomares

Por otro lado, el PSOE planteó una moción sobre las operaciones de adquisición de suelo industrial en el futuro Plan Parcial Palomares ante la posibilidad de que según explicó Javier Izquierdo el Ayuntamiento pueda pagar 21 millones de euros por el suelo para una permuta que ya se rechazó hace unos años.

Además, Izquierdo ha recordado que en esa zona se compró suelo por un precio de 68,12 euros el metro cuadrado y una valoración inicial de 13,3 millones de euros, pese a que en la escritura de venta figuraba como valor del suelo un precio de 9 millones de euros.

El concejal de Planificación, Infraestructuras y Movilidad, Manuel Sánchez adujo en el debate de la interpelación que el precio se ajusta al mercado de "aquel momento" y al de la actualidad y que gracias a esta operación se pondrá suelo a disposición de Quesos Entrepinares, lo que favoreció que esta empresa se mantuviera en Valladolid el pasado verano.

El concejal socialista recalcó que, cuando se ofreció el suelo a la empresa agroalimentaria, ya había transcurrido un año desde la operación de la venta, en la que el Ayuntamiento "regaló cuatro millones de euros", mientras que ahora puede regalar otros diez en una nueva permuta. León de la Riva y Sánchez coincidieron en censurar que el PSOE, a su juicio, se opone al desarrollo de suelos industriales en la ciudad.

En otros asuntos, se aprobó el expediente de alteración de los límites municipales con Renedo y Zaratán, así como el reglamento de Administración Electrónica y la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para tratar de blindar la localización de un aparcamiento subterráneo para residentes en la plaza de La Antigua y otro mixto bajo el Mercado del Val.

Tanto PSOE como IU reiteraron su oposición a esta última materia y, de hecho, los socialistas advirtieron de que el segundo de los aparcamientos es, según su opinión, una "venta de burra" a los comerciantes de Valladolid, pues consideran que finalmente no se va a ejecutar el proyecto.