Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, consultado por Europa Press, en junio del año 2000 el acusado constituyó junto a S.M.S. una sociedad dedicada a la fabricación, comercialización y montajes de portajes, y de la cual ambos eran administradores solidarios.
En este sentido, el fiscal explica que, en el cumplimiento de esta función, cada uno de ellos disponía de una tarjeta de crédito en la cuenta de la empresa para gastos propios de la actividad comercial.
No obstante, y según el relato de la Fiscalía, el encartado, "prevaliéndose de esta circunstancia y con ánimo de un enriquecimiento ilícito", dispuso desde un primer momento de la tarjeta para abonar gastos propios en grandes superficies, tiendas de ropa, hostelería, planes de estudio para sus hijos y seguros sociales de la actividad comercial de su esposa.
Añade que, en el periodo de dos años, se apropió de unos 180.000 euros. Por todo ello, el fiscal pide para el imputado tres años de prisión y el pago a la empresa de los 180.000 euros defraudados por un presunto delito societario.
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