El Fiscal Superior de Baleares, Bartomeu Barceló, ha manifestado que las informaciones publicadas sobre el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, en referencia a un posible fraude a Hacienda de más de 28.000 euros tras escriturar dos viviendas por debajo de su valor en el mercado, obedecen a un "interés de presionarle" por su intervención en varios de los numerosos casos de presunta corrupción abiertos en las islas y en la mayoría de los cuales están siendo investigados ex cargos de PP y UM.

En declaraciones a Europa Press, el máximo representante del Ministerio Público en Baleares ha aseverado que "algo raro hay detrás" de esta noticia, publicada este domingo en 'La Gaceta', a raíz del momento en que ha trascendido, con una multitud de causas incoadas en el archipiélago, cuando la primera de las compras que realizó el fiscal anticorrupción se produjo hace más de diez años -en 1999-, mientras que la segunda la realizó en 2006.

"La información ha sido sacada a la luz de forma repentina y los intereses que puede haber detrás, políticos o de otra índole, con tantos casos abiertos, son difíciles de precisar", ha subrayado Barceló, quien en relación a una posible pérdida de legitimidad por parte de Horrach en su actuación como fiscal como consecuencia de esta publicación, ha recalcado que "no hay nada constatado" en relación a ambas adquisiciones por lo que ha apelado a no apresurarse al respecto.

Es por ello que ha apuntado que desde el Ministerio Público no llevarán a cabo ningún tipo de actuación sobre este asunto, que además "no afecta para nada al funcionamiento de la Fiscalía ni a sus procedimientos", sino que, ha matizado, "se trata únicamente de una cuestión privada y personal".

El artículo señala que en 1999 Horrach y su esposa compraron un sobreático en Palma que escrituraron por 240.404 euros, cuando el precio tasado era de 332.234, 121.880 euros más de lo que el fiscal habría declarado en el documento público. Siete años después adquirieron un chalet en una urbanización de Can Picafort por 180.000 euros mediante escritura pública, pese a que, siempre según 'La Gaceta', el banco que les concedió la hipoteca estableció su valor en 313.000 euros.