A la tercera va la vencida y, tras dos suspensiones anteriores, el próximo día 13 de diciembre está previsto que comience el juicio contra el que fuera administrador de las sociedades Haughton Consulting S.L. y Covington S.L, Vicente S.I, a quien el Ministerio Fiscal solicita una pena de cinco años de cárcel por estafar en 1997 más de 631.000 euros a medio centenar de cooperativistas a quienes ofreció chalés y viviendas en la Cuesta de La Maruquesa de Valladolid, pese a no ostentar la titularidad de los terrenos.

El proceso judicial, en el que se prevé que declare más de un centenar de testigos, se desarrollará entre los días 13 y 17 de diciembre en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia provincial, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Será la tercera vez que se cita a las partes para el inicio del juicio, suspendido en una primera ocasión tras recibir el tribunal sendas peticiones de Covington, que figura en la causa como responsable civil directo, y de la persona física procesada, Vicente S.I, en las que solicitaban que se les asignase nuevo abogado, y aplazado en una segunda ocasión después de que la nueva abogada del imputado rechazara hacerse cargo de la defensa por discrepancias con su cliente.

El proceso judicial se remonta al año 1997 cuando el acusado, Vicente S.I, por aquellas fechas administrador de Haughton Consulting y de Covington y dedicado a la promoción y comercialización de inmuebles, publicitó la construcción de 52 chalés adosados y 30 viviendas de Protección Oficial en la Cuesta de La Maruquesa, en Valladolid capital, con el reclamo de ostentar la propiedad de los terrenos en los que se tenía previsto ejecutar el proyecto.

Así, los ciudadanos interesados constituyeron la Sociedad Cooperativa Limitad de Viviendas Ciudad de Valladolid, con sede en el número 19 de la calle Santiago, lugar en el que tenían su sede Haughton y Covington. La primera de ellas firmó entonces un contrato por el cual asumía la gestión de la cooperativa y compraba a la segunda sociedad la finca en la que se iba a edificar el proyecto.

De este modo, los cooperativistas aportaron a Haughton un total de 140.131 euros y a Covington 260.045 euros. A su vez, los compradores de los chalés entregaron a cuenta de los mismos a Covington unos 480.000 euros.

Sin embargo, con el paso del tiempo, y dado que no se construían las viviendas, los afectados descubrieron que las fincas sobre las que se asentaba el plan parcial no eran propiedad de Covington sino de otra empresa llamada Edison S.A, sobre las cuales la primera sólo tenía un contrato de opción de compra que no llegó a prosperar.

La tesis del Ministerio Fiscal es que el procesado "manejó a su antojo el dinero recibido, reteniéndolo para sí", de ahí su petición, con carácter provisional, de una pena de cinco años de cárcel por delito de estafa y la obligación de indemnizar con más de 630.000 euros, con responsabilidad directa de ambas sociedades, al medio centenar de cooperativistas y compradores afectado, que entregó cantidades de entre 9.466 y 18.030 euros.