El Parlamento asturiano aprobará esta semana la normativa asturiana a la nueva Ley de Cajas estatal, después de que la Mesa de la Cámara de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) admitiese a trámite esta semana la proposición de ley impulsada por PSOE y PP. Se ha acordado así su tramitación por el procedimiento de urgencia, con reducción de los plazos a menos de la mitad, y elevar propuesta al Pleno para su tramitación directa y en lectura única.

Según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, lo más probable es que la Junta de Portavoces de la JGPA decida que el asunto vaya al Pleno de este viernes 17, donde el proyecto tiene garantizado que saldrá adelante, dado que cuenta con el apoyo de los dos partidos mayoritarios.

En líneas generales esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular de cuarta modificación de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro, admite la posibilidad de que las Cajas "cedan" su negocio a una entidad bancaria creada ad hoc.

También se reorganizan los órganos de gobierno, por razones de eficacia, para ahorrar costes y para profesionalizar la gestión, se da más peso a los impositores y pierden peso los 'políticos'. La representación de las corporaciones municipales en la Caja pasa del 27 al 20%.

Los impositores pasan del 40 al 45%, mientras que las personas o entidades fundadoras pasan del 23% al 20%. Los empleados cuentan con un 10%, mientras que las entidades de asturianía cuentan con un 5%. El proyecto también contempla que se habilite la emisión de cuotas participativas para abrir las Cajas a nuevos capitales.

Ya en una reciente rueda de prensa, el portavoz socialista en la JGPA, Fernando Lastra, explicó que entre las características de la reforma destacan la posibilidad de ampliación de capital con cuotas participativas de carácter privado; la reducción de los miembros en la Asamblea, pasando de 300 a un máximo de 160 miembros (150), y en el Consejo de Administración de 30 a 21 como máximo (19); reducción de la representación de lo público, del 50% al 40%; la incorporación de entidades de interés colectivo o especial arraigo, como los Centros Asturianos; y la restricción de la incompatibilidad de los cargos electos y altos cargos de la Administración.

Fernando Lastra resaltó que la reforma "no altera el carácter social" de la caja, sino que permite acceder a fórmulas de financiación que antes no había y avanzar hacia la profesionalización de su gestión. IU,

En contra

IU-Verdes, socio del PSOE en el Gobierno asturiano, no está de acuerdo con este proyecto de ley. Desde esta fuerza política consideran que se estaría "desnaturalizando" de una forma evidente la propia naturaleza de las cajas de ahorros, "que no son bancos ni deben de ser bancos, ni mucho menos entidades controladas o dependientes de los mismos".

De esta forma, es probable que su voto sea negativo en el Pleno de este viernes día 17, rechazando el proyecto de ley. El coordinador de IU de Asturias, Jesús Iglesias, ya emplazó hace días a PSOE y PP a que expresasen su compromiso con la renuncia a la entrada de capital privado en Cajastur.