Este compromiso figura en una disposición adicional de la Ley de medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo, norma aprobada el pasado 27 de octubre por unanimidad en el Parlamento andaluz y que entrará en vigor el próximo 24 de febrero.

El texto legal, consultado por Europa Press, prevé la creación de un Consejo de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo en Andalucía, integrado por todas las consejerías de la Junta con competencias en la materia, que deberá ponerse en marcha en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la Ley.

La norma establece como beneficiario a cualquier persona que se encuentre empadronada en la región y haya sido víctima de la acción terrorista, ya sea directa o indirecta. Además, la normativa tiene espíritu retroactivo, por lo que también tienen cobertura aquellas personas que se hayan visto afectadas por atentados con anterioridad a su entrada en vigor.

INDEMNIZACIONES

En materia de indemnizaciones, se regulan las compensaciones por daños físicos o psíquico, se complementarán las cantidades concedidas por el Estado hasta en un 30 por ciento y también se abordan las reparaciones por daños materiales en viviendas y vehículos.

En el capítulo de asistencia social, se aborda específicamente la cobertura de la dependencia, con sus correspondientes indemnizaciones, y se articulan medidas de asistencia en materia sanitaria, docente, laboral y de vivienda, como asistencia médica, psicológica y psicopedagógica a alumnos o sus familias o eliminar el requisito de tiempo de empadronamiento para poder acceder a una vivienda protegida, entre otras cuestiones.

También prevé la concesión de subvenciones a las asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro cuyo objeto principal sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas y afectados.