El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, asegura que la presencia del fiscal general del Estado y del Abogado General del Estado en la reunión del Consejo de Ministros que aprobó la declaración del estado de alarma derivado del reciente abandono de sus puestos por parte de los controladores aéreos fue una medida "absolutamente excepcional" que atribuyó a la "excepcionalidad" de la situación causada por unos trabajadores a los que calificó de "verdaderamente privilegiados".

Durante su estancia en la sede provincial del PSdeG-PSOE de Pontevedra con motivo de una conferencia posterior en el Colegio de Abogados de la ciudad, Caamaño explicó que el motivo de convocarle fue "oír su opinión jurídica" sobre la procedencia o improcedencia de la declaración realizada por primera vez en la democracia española.

"Cuantas más voces y juicios técnicos asesoraran al Gobierno, nada tiene que ver con la independencia del Ministerio Fiscal", dijo el ministro de Justicia, asegurando que está "plenamente garantizada".

Francisco Caamaño afirmó que "se daban todos los presupuestos" para que el Consejo de Ministros tomara una decisión, cuyo objetivo era "evitar la actitud de unos privilegiados que creen que pueden chantajear al pueblo español".

Sobre la posición "sistemática" de los controladores acogiéndose a su derecho constitucional de no declarar contra sí mismos, el titular de Justicia criticó "lo curioso" del argumento esgrimido, "que respeto", añadió. Ante una investigación penal, Caamaño precisó que se ajusta a una ley del 64 que "ya estaba en vigor antes de que se declarase el estado de alarma, antes de que entrase la jurisdicción militar".

Asimismo, Caamaño afirmó que el grado de afección que sufrió el espacio aéreo español "y toda la zona que le corresponde a España en todo el sistema de Eurocontrol" no se corresponde con una actitud de huelga. "Fue el abandono absoluto de puestos de trabajo con peligro para la seguridad de todos los españoles", destacó el ministro, quien acusó a los controladores de que "sin preaviso, dejaron el espacio aéreo español sin ningún tipo de seguridad". CONSTITUCIONALIDAD

A título personal, el titular de Justicia expuso que no tiene "ninguna duda" sobre la constitucionalidad de la medida adoptada por el Gobierno, argumentando que el estado de alarma lo establece el artículo 116 de la Constitución para casos de catástrofes y calamidades.

"Esto hay que interpretarlo en sentido contemporáneo", indicó Caamaño, quien se preguntó si "acaso no es una verdadera calamidad que miles de ciudadanos se encuentren en los aeropuertos sin saber qué va a ocurrir con su destino y que vuelos previamente establecidos no puedan producirse, con el caos consiguiente en otros lugares del espacio aéreo".

Para Francisco Caamaño, "esto no es como parar el sistema ferroviario, ni una carretera", sino que lo elevó a la categoría de un problema "seguridad de primera magnitud para todos". Por ello, reconoció que los controladores tienen el derecho fundamental a la libertad que recoge el artículo 117 de la Constitución que, "acto seguido, dice también, a la seguridad", en alusión a la ciudadanía en su conjunto.