Imputados el alcalde y otros cinco miembros del gobierno de Jódar por expropiación ilegal y estafa

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Úbeda ha ordenado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Jódar, José Luis Angulo (IU) y otros cinco miembros del equipo de gobierno, formado por IU y PP, incluido el ex portavoz popular, como presuntos autores de delitos de expropiación ilegal, contra la ordenación del territorio y estafa.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Úbeda ha ordenado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Jódar, José Luis Angulo (IU) y otros cinco miembros del equipo de gobierno, formado por IU y PP, incluido el ex portavoz popular, como presuntos autores de delitos de expropiación ilegal, contra la ordenación del territorio y estafa.

Así lo ha indicado el portavoz municipal del PSOE en la citada localidad, José Luis Hidalgo, quien ha comparecido este viernes en rueda de prensa junto a la vicesecretaria del PSOE de Jaén, Ángeles Férriz, para informar de "un episodio más de la chapuza y la corruptela" que protagonizan, a su juicio, los responsables del Ayuntamiento.

Hidalgo ha explicado que el caso se remonta a 2004 cuando la Constructora Matafe "pidió al alcalde que expropiara unos terrenos y se los diera porque le hacían falta" para edificar un inmueble. Ante el visto bueno de Angulo, el propietario legítimo acudió a los tribunales, de modo que en febrero de 2005 se dictó una providencia suspendiendo la ocupación de los terrenos, algo que ya había ocurrido. "La comisión de gobierno, por contra, dio incluso licencia de obra".

Este proceso, concluyó el 28 abril de 2008 con una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condenó a responsables municipales por expropiación ilegal y resolvió la demolición de la parte del edificio afectada y la devolución de los terrenos a su dueño original.

Sin embargo, junto a esta resolución por la vía contencioso-administrativa, el propio TSJA apreció responsabilidad penal y ordenó la separación del caso enviándolo a la Fiscalía para que lo investigara, uniéndose así a la denuncia que el grupo socialista había interpuesto antes en el mismo sentido.

El resultado, según ha concretado Hidalgo, es un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Úbeda en el que resuelve la apertura de juicio oral contra los seis implicados por los delitos de expropiación ilegal, ordenación del territorio y estafa mediante fraude de autoridad o funcionario público y que deberá celebrarse en un Penal de Jaén. "Ve fundamentos para acusarlos e imputa a toda la comisión de gobierno", ha resaltado para añadir que también ha solicitado a cada uno el pago de una fianza de 6.000 euros. INHABILITACIÓN

En este sentido, ha señalado que el fiscal ha imputado a Angulo y a otras cinco personas de los delitos de expropiación ilegal y contra la ordenación del territorio por los que pide en total un año de cárcel, diez años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 2.400 euros.

Por su parte, el PSOE considera que el alcalde y uno de los concejales son autores de expropiación ilegal y solicita su inhabilitación para empleo o cargo público durante tres años y medio y una multa de 12.000 euros. Además, cree que ambos, junto con los otros cuatro implicados, han cometido un delito contra la ordenación del territorio por el que pide un año y medio de prisión, ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 27.000 euros.

Junto a estas acusaciones, el juez ha admitido a trámite la de la Constructora Matafe contra los mismos seis miembros del gobierno de Jódar así como contra el Ayuntamiento como responsable civil subsidiario. Según ha dicho Hidalgo, a las acusaciones anteriores añade un delito de estafa mediante fraude de autoridad o funcionario público, de modo que en total solicita para el alcalde tres años de cárcel y otros doce de inhabilitación.

En cualquier caso, el portavoz socialista ha querido apuntar la "anécdota" por la que el constructor se ha sumado a este proceso judicial después "arremeter" contra su persona por denunciar estos hechos, poniéndole incluso una querella que fue archivada.

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