La Fiscalía Superior del Principado ha solicitado al Aeropuerto de Asturias que informe "ampliamente" sobre la actitud mantenida por los controladores aéreos de la región, en el marco de las diligencias incoadas por el conflicto de los controladores que obligó al cierre del espacio aéreo español durante el pasado fin de semana.

En concreto, el fiscal superior del Principado, Gerardo Herrero, ha pedido al aeródromo un informe sobre la conducta mantenida por los controladores del servicio, desde las 17.00 horas del 3 de diciembre hasta las 13.30 horas del día siguiente, teniendo en cuenta que fue a partir de aquella hora cuando comenzaron a ausentarse de sus puestos de trabajo en diversas torres control de aeropuertos del país.

Asimismo, ha solicitado que se explique la causa de la suspensión en Asturias de 22 vuelos del día 3 y de otros 31 del día 4 y que se especifique si dicha anomalía fue por la conducta de los controladores del aeropuerto de Asturias o si, por el contrario, fue consecuencia inevitable del cierre del espacio aéreo en todo el territorio nacional.

Por último, ha requerido un informe sobre la identidad del controlador que fue atendido por el servicio de asistencia sanitaria y derivado a las 10.40 horas al Hospital San Agustín de Avilés, para que, en su caso y siempre que se considere oportuno, sea citado para prestar declaración en la Fiscalía Superior del Principado.

El fiscal ha precisado además otro informe pormenorizado sobre si el servicio permaneció "totalmente cubierto" por la presencia de otro controlador, del cual se ha solicitado igualmente su identidad para que, en su caso y si así se considera, fuera citado a declarar.

El Ministerio Fiscal ha solicitado información sobre la posible alteración o baja en el servicio de controladores asturianos a partir de las 13.30 horas del sábado día 4, hora a la que entró en vigor el Real Decreto de militarización del servicio.

La Fiscalía Superior del Principado ha documentado oficialmente los informes enviados hasta el momento -a petición del propio Ministerio Público- por la Delegación del Gobierno y, junto con los nuevos informes que se reciban y los que se pudieran solicitar en un futuro, se estudiarán por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito del artículo 20 y 21.1 de la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea o alternativamente de un delito de abandono de servicio por funcionario público del artículo 409 del Código Penal.