La Fiscalía ha solicitado a la jueza instructora del caso Voltor, Carmen Abrines, que requiera a la entidad bancaria Banif que aporte toda la documentación relativa a la cuenta corriente que presuntamente abrió el ex conseller de Turismo Francesc Buils, quien según las investigaciones efectuó en ella dos transferencias por un total de 1,2 millones de euros de fondos públicos pese a contar con un informe jurídico desfavorable.

De este modo, el Ministerio Público quiere avanzar en las pesquisas relacionadas con esta cuenta, investigada en el marco de la pieza número tres del caso Voltor, tal y como consta en un escrito presentado recientemente por el fiscal Miguel Ángel Subirán al Juzgado de Instrucción número 10 y al que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, la acusación pública desea conocer el contrato de apertura y la documentación firmada tanto por Buils como por el también ex conseller de Turismo, Miquel Nadal, y el ex director gerente del Inestur, Antoni Oliver, y que el Banco de España concrete además en nombre de quién se abrió la cuenta corriente en Banif.

La Fiscalía solicita finalmente que tras la aportación de toda esta documentación, la magistrada interrogue como imputado a Oliver en relación a estas pesquisas. El propio ex gerente ya manifestó en sede policial que fue el ex contable de UM, Álvaro Llompart, quien propuso la apertura de esta cuenta tras entrevistarse con Buils y con el ex presidente de la formación 'uemita', Miquel Àngel Flaquer.

Nadal aseguró, sin embargo, que cuando tuvo conocimiento de la existencia de esta cuenta, ordenó que se cancelase de forma inmediata, y al preguntar por qué había sido abierta, le explicaron que fue una decisión del anterior conseller, es decir, de Buils.

En un oficio policial incluido en el amplio sumario del caso, el Grupo de Delincuencia Económica asevera que "llama poderosamente la atención" el hecho de que los intereses a percibir en la cuenta de Banif sean nulos, pese a la cantidad ingresada, de lo que se deduce según el escrito que la apertura de la cuenta y el ingreso de los 1,2 millones de euros con un informe jurídico en contra "no obedece a los intereses del Inestur en cuanto a la obtención de una alta rentabilidad". De hecho, el capital invertido no llegó a producir rentabilidad alguna.