El Pleno del Parlamento ha aprobado por unanimidad una proposición no de Ley del PSOE-A en la que se pide a la Junta que dote de marco jurídico, tanto en una regulación legal externa, como interna a los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) en Andalucía, a través de un reglamento de régimen interior, requiriendo el apoyo de las administraciones Publicas.

En la iniciativa aprobada, que ha sido defendida por la diputada socialista María Cózar, se demanda que el Gobierno andaluz potencie la mejora en la coordinación entre los Puntos de Encuentro Familiar y los juzgados, a través de un protocolo unificado de derivación de supuestos familiares a los PEF desde los órganos judiciales.

Según ha explicado Cózar, los Puntos de Encuentro Familiar surgieron de la mano de asociaciones sin animo de lucro en el año 1994 para brindar un espacio neutral atendido por equipos de profesionales con el objetivo principal de garantizar el derecho del menor a mantener relaciones con ambos progenitores en procesos judiciales de separación, divorcio, nulidad, en los que se hubieran presentado situaciones muy conflictivas en las relaciones familiares.

En la actualidad existe un Punto de Encuentro Familiar en cada una de las provincial junto a un noveno en Algeciras (Cádiz) y se gestionan, a través de contrato de servicios con entidades privadas, estableciéndose su funcionamiento y organización en los correspondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas, ha agregado.

A su juicio, en los años de funcionamiento de estos PEF se han puesto en evidencia distintas cuestiones que exigen una regulación común del servicio que prestan cada uno de estos puntos, resultando necesario articular un reglamento de funcionamiento en el que se regulen, entre otras cuestiones, los derechos y deberes de las personas usuarias y de los profesionales, tipos y duración de la Intervención, procedimiento de intervención especializada en casos de violencia de género, suspensión y finalización de la intervención.

Por su parte, la parlamentaria del PP-A Dolores López Gabarro ha reclamado la creación de nuevos puntos de encuentro familiar en la comunidad y que el desarrollo del protocolo unificado de derivación de supuestos familiares se realice en consenso con los operadores jurídicos, como jueces, fiscales y abogados.

Ha indicado que su grupo está totalmente de acuerdo con la medida sobre el marco jurídico para los puntos de encuentro familiar, pero que debe hacerse siempre en consenso con los operadores judiciales.

El diputado de IULV-CA José Manuel Mariscal ha señalado que las fórmulas tradicionales para resolver los conflictos han demostrado en muchas ocasiones su ineficacia, de manera que se deben fomentar nuevos ámbitos de resolución de los mismos. Ha abogado por que se controle de una forma rígida la calidad de este servicio, que debe ser de "titularidad pública".

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