En concreto, la firma de abogados Schiffrin & Barroway, LLP acusa a la compañía de haber ocultado varios factores "adversos": entre ellos, que sus cifras de reservas estaban "materialmente exageradas".

También ocultó, según la demanda, que las operaciones de gas natural en Bolivia estaban siendo perjudicadas por los cambios en el marco legal del país, y que la petrolera "estaba sufriendo problemas de producción en Argentina".

Igualmente, los accionistas desconocían que la corrección a la baja de las cifras de reservas tendrían un impacto negativo de 50 millones de euros en los beneficios de 2005, dice la firma.

Esta demanda colectiva ha sido presentada en representación de todos los inversores que compraron acciones de Repsol YPF entre el 28 de julio de 2005 y el 27 de enero de 2006, fecha en que la petrolera anunció una revisión a la baja de sus reservas demostradas.

Este anuncio causó una fuerte caída de la compañía en la bolsa española, donde perdió en sólo dos sesiones el 10,5 por ciento de su valor, así como una revisión de las calificaciones crediticias de algunas agencias internacionales de evaluación de riesgo.

En aquella fecha, la petrolera anunció un recorte del 25 por ciento en sus reservas probadas de hidrocarburos (1.254 millones de barriles), sobre todo de gas natural, como consecuencia de los cambios normativos y contractuales en Bolivia y Venezuela y de la incertidumbre sobre la extensión de las concesiones en Argentina.

Desde la revisión, los títulos de Repsol YPF acumulan un descenso del 5,73 por ciento.

El grueso de la revisión correspondía a Bolivia (52,5 por ciento del total) y a Argentina (40,6 por ciento), aunque también afectaba a otros países como Venezuela y Argelia.

Según dijo la empresa, la revisión a la baja tendrá un impacto negativo de 50 millones de euros en el beneficio neto de 2005 y de entre 160 y 170 millones en el previsto para este año.

Esta no es la primera demanda que se presenta en la Corte Federal del Sur de Nueva York, en Manhattan, en contra del Repsol, pues el pasado 31 de enero lo hizo la firma Federman & Sherwood, de Oklahoma, y el 1 de febrero el bufete Charles J. Piven, de Baltimore.

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