El diputado de UPN, Carlos Salvador, ha exigido "máximo rigor contra los responsables" del conflicto de los controladores aéreos y ha añadido que "eso no significa que aceptemos ni vayamos a apoyar el que las soluciones que se planteen dejen de respetar la ley, y afrontemos este problema como sea".

"No por mucho desear y exigir las sanciones que corresponda a los desaprensivos e irresponsables podemos aceptar la desnaturalización de la ley y la generalización militarizada de la excepcionalidad", ha indicado Salvador durante el pleno del Congreso y ha precisado que "ni tampoco por ello debemos dejar de criticar la más que deficiente gestión de un conflicto, muy complejo es verdad, envenenado, que no se ha gestionado con la debida profundidad, rigor y capacidad".

El diputado regionalista ha manifestado que "este Gobierno parece abonado a los sobresaltos, entre otras cosas porque, o abusan o no son capaces, o simplemente dejan que los problemas adquieran una dimensión de dramatismo, de caos previsible, para los que buscan medidas a vida o muerte, en las que o se apoya al gobierno o uno se convierte en un antipatriota".

"Al final, señor presidente, están haciendo pagar a los ciudadanos su propia incapacidad", ha indicado Salvador.

Estado de alarma

Asimismo, Salvador se ha referido a la utilización de la declaración del estado de alarma y ha subrayado que "es de tal gravedad, que debió ser usted, señor Presidente, quien la explicara inmediatamente".

"Si su comparecencia pública y explicaciones no se produjeron precisamente porque podían generar más alarma usted, su gobierno tiene, todos tenemos, España tiene, un problema más, que es su falta de credibilidad, algo que en estos momentos no nos podemos permitir", ha puntualizado.

En este sentido, Salvador ha manifestado que "lo vivido esta semana no deja de ser un episodio más de una crisis global y crónica caracterizada por todo lo que supone o se ejerce por exceso. En este caso: exceso en el ejercicio salvaje, intolerable, injustificable del derecho de huelga, que no debe de quedar impune".

"Y también exceso, en la respuesta gubernamental necesaria para acabar con las consecuencias gravísimas provocadas por un conflicto de naturaleza laboral, que nunca antes se había utilizado en nuestra democracia, y con el que -por cierto- ni siquiera se garantiza el que con él se ponga punto final al problema", ha aseverado.