El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este jueves el nuevo decreto-ley de reordenación del sector público andaluz, con el apoyo del PSOE-A y la oposición de PP-A e IULV-CA. Esta norma, que se tramitará como proyecto de Ley para propiciar su debate parlamentario, incluye las modificaciones acordadas el pasado día 18 de noviembre con las organizaciones sindicales mayoritarias en la Mesa General de Negociación del Empleado Público, UGT-A y CCOO-A.

Durante su turno de intervención, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha asegurado que la reordenación y racionalización del sector público es un compromiso de todas las comunidades y ha explicado que los cambios introducidos sobre la norma original, aprobada el pasado mes de julio, complementan su contenido y buscan alcanzar un elevado grado de consenso en su aplicación. El nuevo decreto precisa el régimen de integración del personal, tanto funcionario como laboral, en las agencias públicas empresariales y de régimen especial.

Respecto a los funcionarios, Aguayo ha apuntado que la norma subraya el carácter voluntario de su incorporación y garantiza que se les continuará aplicando el Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario de la Junta de Andalucía. En el caso de que se integren como personal laboral, quedarán en la situación administrativa de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público andaluz. Cuando reingresen al servicio activo, se les reconocerá el trabajo desarrollado en las agencias para los concursos de méritos y también a efectos de reconocimiento de trienios.

De igual modo, el decreto también garantiza, según ha apuntado la consejera, la voluntariedad de la integración del personal laboral de la Administración General en las agencias. Por su parte, el personal laboral de las entidades instrumentales que se extinguen o transforman se integrará en las nuevas agencias resultantes de estos procesos. Para adquirir, en su caso, la condición de personal funcionario o laboral de la Administración General, estos trabajadores deberán participar en las pruebas selectivas de acceso libre que se convoquen.

En cuanto a la Agencia Andaluza del Agua, extinguida como consecuencia del decreto-ley, sus empleados se integrarán en la estructura de la Consejería de Medio Ambiente, previa negociación de las condiciones en la Mesa General de la Función Pública.

Martínez Aguayo ha asegurado que el Gobierno cree "perfectamente posible" conjugar la reducción del déficit con el mejor funcionamiento del sector público. "Buscamos un reforzamiento de lo público, mientras que las opciones privatizadoras están en las antípodas de nuestro pensamiento político", ha señalado la consejera, quien ha lamentado la campaña de "intoxicación mediática" surgida en torno a este decreto.

Finalmente, la titular del ramo, que han negado que vayan a producirse despidos y privatizaciones y que no vayan a ser respetados los derechos de los trabajadores, ha indicado que ha habido sindicatos con posiciones "numantinas", que se han cerrado al diálogo "desde el principio". Martínez Aguayo ha pedido un "debate sereno y sosegado" y que, a su juicio, podría contribuir a mejorar el texto y eliminar las dudas que se han provocado en los empleados públicos, al tiempo que ha demandado que "nadie se esconda y que cada grupo se posicione al respecto". PP-A:

"una aberración y una chapuza jurídica"

Por su parte, el diputado y secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha apuntado que todo el camino que se ha recorrido en la elaboración de los dos decretos sólo puede ser valorado como "de un disparate a otro, fruto de la soberbia con la que se gobierna en Andalucía y de la obsesión de no bajarse del burro". En su opinión, "se ha hecho todo mal desde el principio y se ha buscado culpar a los manifestantes y al PP de todo lo ocurrido.

Sanz, que ha pedido a Martínez Aguayo que explique cuáles son los errores que ha cometido el Gobierno andaluz, ha criticado que tanto éste como el PSOE-A pidan al PP-A que explique cuál es su modelo para el sector público "cuando el Gobierno andaluz no puede ni decir cuál es el número de empleados públicos de una administración paralela y mastodóntica".

"La respuesta al error no puede ser otro error mayúsculo, otro decretazo para terminar con la función pública y que no es más que una aberración y una chapuza jurídica", ha señalado Sanz, quien ha considerado que el Gobierno andaluz responde exclusivamente a intereses de partido. "Están jugando con la vida laboral de mucha gente y en ningún momento han querido un acuerdo político porque si hubiera habido voluntad de ello no plantearían ahora la tramitación de un proyecto de ley de algo que ya está en vigor", ha subrayado.

Por último, ha afirmado que este nuevo decreto-ley "está lleno de vicios de inconstitucionalidad que no se han corregido respecto a la primera normativa que el PP-A ha llevado al Tribunal Constitucional. "Nuestra mano estará tendida si empezamos de cero", ha afirmado el diputado 'popular', quien ha dicho que el modelo del PP-A para el sector público está basado "en la austeridad, la eficiencia, la profesionalización y el máximo respeto a los derechos de los trabajadores".

PSOE-A

Critica el oportunismo del pp-A

Por su parte, el diputado del PSOE-A José Caballos ha hecho un llamamiento al diálogo y ha asegurado que la tramitación como proyecto de Ley emplaza a todos los grupos parlamentarios a mostrar cuál es su modelo del sector público. Si bien, ha destacado que mientras que el PSOE gobierne en Andalucía, "que a nadie le quede la duda de que el estado de bienestar se va a mantener siempre".

Caballos, que ha asegurado que si durante la tramitación del proyecto de Ley se detecta algún error éste será corregido, ha apuntado que "rectificar es de sabios y que, en este sentido, los socialistas no vamos a ser los últimos de la clase". "No hay ningún decretazo, como dice el PP-A, sino una tramitación de un proyecto de ley para poner negro sobre blanco sobre el modelo de sector público de cada grupo político", ha añadido.

Finalmente, el diputado socialista ha considerado que ya se ha acabado "el tiempo de la demagogia y del oportunismo" y que ahora hay que trabajar "con rigor, dejando a un lado las consignas políticas". A su juicio, el PP-A se ha dedicado a utilizar la "desinformación" sobre un proceso de reforma que también se lleva a cabo en las comunidades gobernadas por este partido. "¿También allí irá el PP al Tribunal Constitucional?", se ha preguntado. IULV-

Ca pide dialogar "sin condiciones"

Finalmente, el portavoz del grupo parlamentario de IULV-CA, Diego Valderas, ha lamentado el "error" del Gobierno andaluz de elaborar el pasado mes de julio un decreto-ley, negando la tramitación como proyecto de Ley. "Si no se hubiera hecho así, este tema ya estaría totalmente saldado", ha apuntado Valderas, quien ha considerado que este asunto debe apartarse de criterios "meramente electoralistas y partidarios".

Asimismo, ha indicado que un segundo error sería entrar en un debate de algo que ya está decidido, por lo que su grupo hubiera preferido un proyecto de ley sin decreto-ley "que lo condicione". "No nos parece éste el mejor camino pero entraremos a debatir por la importancia que tiene este tema", ha apuntado Valderas, quien ha defendido un modelo profesionalizado de administración pública y "sin privatizaciones".

El diputado de IULV-CA ha valorado el acuerdo alcanzado con CCOO-A y UGT-A pero ha dicho que es "manifiestamente mejorable". Asimismo, ha hecho un llamamiento al diálogo a todos los sindicatos, especialmente a CSIF. Finalmente, ha explicado que su formación no va a convalidar el decreto-ley para poder negociar "sin condiciones".