La asociación ecologista ARCA está a la espera de conocer el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que le da la razón sobre la protección de seis zonas integradas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Mientras tanto, y según las informaciones publicadas hasta ahora por los medios de comunicación, el colectivo apunta a "la necesidad de que el Gobierno de Cantabria asuma responsabilidades políticas de inmediato".

En un comunicado, Arca explica que esta sentencia tiene su precedente histórico en que el PORN de las Marismas de Santoña surgió como consecuencia de las denuncias ecologistas en Europa y fue aprobado "a regañadientes" por el Gobierno de Cantabria, "con la feroz oposición de unos ayuntamientos que querían seguir fomentando la urbanización salvaje de la zona".

"Las posiciones políticas no han cambiado mucho con el paso de los años", se lamenta la asociación, para quien el Gobierno de Cantabria "quiere derogar el PORN de Santoña y dejar el espacio sin la principal herramienta de gestión para proteger las marismas y su entorno".

Esto responde, en su opinión, al "objetivo prioritario de intentar legalizar cientos de viviendas sobre las que pesa una orden judicial firme de derribo".

En este contexto, la sentencia del Supremo tiene un "especial valor" y supone un "gigantesco varapalo" contra las "prácticas pasadas y presentes del Gobierno cántabro", que exige "la inmediata depuración de responsabilidades políticas", concluye Arca.