El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma ha emitido una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Palma, en respuesta a la demanda interpuesta por el Grupo el Terreno, a revisar las presuntas irregularidades cometidas en la concesión de una licencia para la construcción de dos ascensores y 96 parkings situados entre las calles José Villalonga y 2 de Mayo, en la barrida de El Terreno, cuyas obras todavía están en construcción.

La entidad ha señalado en un comunicado que el Consistorio había solicitado la nulidad de la causa basándose en la extemporaneidad de la interposición del recurso y aduciendo que los vecinos tenían conocimiento del comienzo las obras desde junio de 2006.

Sin embargo, el Juzgado ha rechazado la inadmisión por tratarse "de una acción popular, pública en materia urbanística" -según recoge el artículo 56 de la Ley autonómica de Disciplina Urbanística (LDU)-, que la obra no estaba acabada, y que no existió notificación formal alguna que pudiera considerarse como inicio de cómputo de prescripción de la acción.

La resolución, asimismo, considera "que ha existido una tergiversación de la ordenación de usos del Plan General respecto a la licencia del aparcamiento, con incumplimientos de su normativa". (Sentencia nº 337/2010).

Es por todo ello que el Grupo El Terreno ha solicitado a la alcaldesa Aina Calvo que se ejecute la sentencia por la cual el juzgado obliga al ayuntamiento a revisar la licencia de obra otorgada ilegalmente por Aurelio Viñals al promotor Yongi. Asimismo, el Grupo El Terreno ha anunciado que de no obtener respuesta inmediata del Ayuntamiento, iniciará nuevas movilizaciones y acciones legales oportunas.

La entidad ha explicado que la licencia fue otorgada por el consistorio de Catalina Cirer, aunque Calvo "continuó con la política de oídos sordos (hechos consumados), aún a sabiendas de la injusticia y de las circunstancias que rodeaban a la concesión de la licencia, tras una reunión informativa con los vecinos en Cort".

Además del incumplimiento de la normativa urbanística, el grupo señala que en la tramitación de la licencia de obras intervino Aurelio Viñals, aparejador del ayuntamiento de Palma que fue denunciado en noviembre de 2007 por presuntos delitos tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y que "pudo cobrar sobornos (cohecho) de algunos constructores o promotores a cambio de favores en la tramitación de licencias o expedientes urbanísticos".