La rebaja fiscal anunciada por el Gobierno de España afectará sólo a 900 pymes murcianas

Para Gestha, la ampliación del concepto de empresa de tamaño reducido tendrá una escasa repercusión en la inversión y generación de empleo

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que la rebaja fiscal para pymes aprobada hoy en Consejo de Ministros dentro del paquete de medidas encaminado a reducir el déficit e impulsar la economía es "insuficiente", ya que afectará a menos del 3 por ciento del conjunto de estas pequeñas empresas en Murcia, lo que supone alrededor de 947 compañías, según han informado fuentes de ION Comunicación en un comunicado.

Gestha recuerda que la ampliación del concepto de empresa de tamaño reducido, de ocho a diez millones de euros facturados, tendrá una escasa repercusión en la inversión y generación de empleo, ya que la inmensa mayoría de estas empresas en el conjunto de España -el 93,7 por ciento- son micropymes con ventas inferiores a los tres millones de euros, de las cuales solo el 48 por ciento contabiliza beneficios con un promedio de 46.901 euros de base imponible declarada.

Además, la ampliación del tipo reducido del 25 por ciento en el Impuesto de Sociedades hasta los primeros 300.000 euros de beneficio (hasta ahora 120.000), tendrá un impacto "inapreciable" si tenemos en cuenta que beneficiarán a unas 34.750 empresas sobre un total de más de 1,4 millones de pymes.

En cambio, los técnicos consideran que la aplicación de esta rebaja es un "factor clave" para lograr equilibrar la carga impositiva del Impuesto de Sociedades de las pymes respecto a las grandes empresas, ya que éstas disponen de diversos mecanismos a los que acogerse -como fusiones, escisiones, libertad de amortización o deducciones de I+D+I u otras que reducen su carga fiscal.

Un plan poco ambicioso y dos propuestas alternativas

En general, Gestha estima que el paquete medidas fiscales anunciadas por el Gobierno es positivo para tranquilizar a los mercados pero "poco ambicioso, ya que a duras penas conseguirá estimular la inversión y el empleo en unas empresas duramente golpeadas por la crisis, con escaso músculo financiero y una media de dos a tres empleados".

Así, los Técnicos apuestan más por una rebaja de las cuotas de la Seguridad Social correspondientes a las pymes que aumenten sus plantillas, cuyo coste podría ser fácilmente bonificado con los fondos que hasta ahora se dedicaban a las prestaciones medias de 426 euros para desempleados de larga duración.

Con respecto a la libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades hasta el año 2015, este colectivo opina que se trata sólo de un "diferimiento del impuesto que permitirá anticipar el ahorro fiscal y potenciará la inversión, y beneficiará en mayor grado a las grandes empresas".

Por otro lado, han valorado positivamente la eliminación de la obligatoriedad del pago de cuotas a las Cámaras de Comercio -del que gran parte de las pymes ya se veían exentas debido a su bajo nivel de facturación-, por considerar que se trata de un tributo "anacrónico"; así como el alza de los impuestos que gravan el tabaco, ya que favorecerá el descenso del número de fumadores y, por tanto, una mejora de la salud pública y una futura rebaja del gasto sanitario.

Sin embargo, Gestha incide en que medidas como la privatización de las Loterías y Apuestas o de ciertos aeropuertos de la red de AENA son "pan para hoy y hambre para mañana", ya que sólo son ingresos inmediatos que reducirán los ingresos públicos en el futuro.

Frente a la venta de patrimonio público o el final de la ayuda de los 426 euros, Gestha propone medidas a largo plazo como la puesta en marcha de un plan eficaz de lucha contra el fraude y la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, que permita reducir la economía sumergida española -estimada en 245.000 millones de euros, el equivalente el 23,3% del PIB- en diez puntos porcentuales y acercarnos así al nivel de los países europeos de nuestro entorno.

"Ello permitiría recaudar unos 38.500 millones anuales de los 88.000 millones de euros evadidos anualmente en impuestos y cuotas a la Seguridad Social defraudadas, lo que serviría para aliviar el déficit público y evitaría los recortes sociales como la congelación de las pensiones o la eliminación de la prestación extraordinaria por desempleo", han concluido.

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