En respuesta a una interpelación que le formuló en el pleno del Congreso la diputada de IU-ICV Carme García, Caldera confió en que esa medida esté diseñada en poco tiempo y apuntó la necesidad de estudiar la situación administrativa de cada persona para el cobro de la renta.

Unos 375 euros al mes durante un año

La renta activa de inserción es una ayuda económica que busca incrementar las oportunidades laborales de parados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo -desempleados mayores de 45 años, emigrantes retornados, minusválidos y víctimas de violencia de género-; se puede cobrar durante once meses y el año pasado ascendía a 375,84 euros mensuales.

Caldera coincidió con la diputada de IU-ICV en que la prioridad es la lucha contra la explotación sexual y destacó que el año pasado se desarticularon 400 redes organizadas de tráfico de personas, de las cuales 150 tenían directamente fines de explotación sexual.

IU-ICV, por la regularización

Por su parte, diputada de IU-ICV Carme García abogó por la regularización la actividad laboral de las personas que ejercen libremente la prostitución, con los mismos derechos y deberes que el resto de los trabajadores.

Según apuntó García, los diferentes modelos -abolicionistas o a favor de la legalización de la prostitución- tienen ventajas e inconvenientes; el Gobierno apuesta por luchar "con contundencia y firmeza" contra la prostitución "forzada" y por luchar también contra las causas que obligan a muchas personas a prostituirse.

Aunque no hay datos sobre las personas que ejercen la prostitución, Caldera aseguró que la gran mayoría son inmigrantes en situación irregular y, "en su mayor parte, traficadas"; sólo una minoría trabaja de forma voluntaria.

Entre las medidas diseñadas por el Gobierno, destacó la labor policial contra las mafias y recordó que los departamentos de Interior, Justicia y Trabajo ultiman el plan integral para la lucha contra el tráfico de mujeres, niños y niñas.

Recordó además la reforma de la ley de extranjería, que permitió regularizar la situación de las mujeres que denuncien su explotación y colaboren con las autoridades, y el futuro plan de integración de los inmigrantes.

Caldera, quien mostró a la diputada de IU-ICV su disposición a estudiar todas las propuestas, recalcó que hay un reparto competencial con las Comunidades Autónomas y las entidades locales y, como ejemplo de la capacidad que tienen esas administraciones para actuar, recordó la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de prohibir el ejercicio de la prostitución en la vía pública.

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