Guillermina Hernández asegura que el consejo de administración de Essscan autorizó el convenio con Sitca

La actual viceconsejera de Emigración del Gobierno de Canarias, Guillermina Hernández (CC), ha recordado este jueves que el consejo de administración de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (Essscan) en 2003 fue quien autorizó la firma de un convenio con el Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz (Sitca) para expedir títulos de formación y que está envuelto en una investigación de la Guardia Civil.

La actual viceconsejera de Emigración del Gobierno de Canarias, Guillermina Hernández (CC), ha recordado este jueves que el consejo de administración de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (Essscan) en 2003 fue quien autorizó la firma de un convenio con el Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz (Sitca) para expedir títulos de formación y que está envuelto en una investigación de la Guardia Civil.

Hernández, quien fue directora de la Essscan en 2003, ha explicado en declaraciones a Europa Press que "el convenio fue llevado al consejo de administración de la Escuela y que éste le autorizó para la firma del mismo". "Los contenidos están publicados", subrayó.

De igual forma, la viceconsejera ha informado de que en ningún momento la Guardia Civil se ha puesto en contacto con ella para formar parte de la investigación. "No me han llamado para nada", señaló al tiempo que planteó que esta razón pueda deberse a que "habrán comprobado que el convenio tenía todas las autorizaciones y que no fue una cosa que hice por mi cuenta, sino que al consejo le pareció y autorizó su firma".

El acuerdo se firmó el 14 de noviembre de 2003 por el secretario general del sindicato, Eladio Patricio Gracia Sadaba, detenido en la operación, y Guillermina Hernández.

La Benemérita ha desarticulado este miércoles una organización dedicada a falsificar diplomas y certificados oficiales y ha detenido a ocho personas e imputado a otras tres como presuntos autores de un delito de falsedad documental y estafa en una operación que se ha llevado a cabo en Andalucía, Extremadura y Canarias. Asimismo se han intervenido más de 1.460.000 euros procedentes de esta fraudulenta actividad.

Entre las imputadas se encuentran dos militantes del PP. Inmaculada Acosta y María Rosa de Haro, son los dos ex cargos públicos canarios implicados en el marco de la operación 'Catis'.

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