El director de Santa María de Garoña, José Ramón Torralbo, ha confirmado que las diligencias de los peritos que analizan el recurso presentado por Nuclenor S.A. (titular de la central participada por Endesa e Iberdrola al 50 por ciento), a través del bufete Uría-Menéndez, ante la Audiencia Nacional contra la orden ministerial de julio de 2009 que alarga la vida útil de la central sólo hasta el 2013 "avanzan a buen ritmo".

Así, ha señalado que Nuclenor confía en la resolución del conflicto jurídico -al que restaría todavía la vía del Tribunal Supremo-, antes de que expire dicho plazo.

Por otra parte, Torralbo ha manifestado que no pierde la esperanza de que un cambio de Gobierno en las próximas elecciones nacionales pudiera suponer la revocación de la orden ministerial, ya que el Partido Popular se opuso en 2009 a la solución salomónica dictada, y la Junta de Castilla y León ha apoyado su recurso.

Los Ayuntamientos del Valle de Tobalina, donde se ubica Garoña, y la Diputación de Burgos también han recurrido la fecha de 2013 ante los tribunales.

Torralbo ha recordado que el Consejo de Seguridad Nuclear, por unanimidad, ha avalado que se dan las condiciones técnicas y de seguridad para la renovación de la actividad hasta 2019. Garoña comenzó a funcionar en 1961 y el año que viene cumplirá los 40 años de vida útil previstos inicialmente en su diseño.

"Es como si nos hubiésemos sacado el carné de conducir y nos lo retiran sin ningún motivo y saltándose todo el procedimiento administrativo", ha explicado.

"En los últimos 10 años hemos invertido 170 millones de euros para modernizar la instalación y adaptarla a las normativas más exigentes", ha revelado. Según los datos presentados, siete centrales de Estados Unidos de la misma generación, prácticamente idénticas, "han logrado autorización para 60 años".

Según sus datos, el impacto económico de Garoña, en términos de Valor Añadido Bruto, se puede cifrar en 230 millones de euros, sin contar los 80 millones de impuestos o los 57 millones en ahorro de derechos de emisión de anhídrido carbónico a la atmósfera. Por volumen, es la sexta empresa de la provincia de Burgos y está entre las 20 más grandes de Castilla y León.

Por su parte, el director de Comunicación de Nuclenor, Antonio Cornadó, ha asegurado que, según las encuestas realizadas, "dos de cada tres burgaleses están a favor de la continuidad de la central".

En el lado opuesto, Greenpeace ha presentado recurso a la orden ministerial para que se cumpla la concesión inicial y Garoña cierre a los 40 años, en julio de 2011. La organización ecologista sostiene que la central no es segura por el riesgo que supone el agrietamiento de la vasija del reactor.

Por último, el responsable técnico de la planta, Miguel Ángel Cortés, ha defendido que las grietas "no afectan a ningún elemento estructural, y no suponen riesgo de fuga radioactiva al exterior del reactor". "Garoña fue la primera en operar y lo que suceda con ella será un referente para el debate energético, por ello concentran la máxima atención", ha apostillado.