El líder de los 'populares' cántabros, Ignacio Diego, ha abogado este miércoles por una nueva organización administrativa en Cantabria con "no más" de ocho consejerías, un máximo de 20 empresas públicas (frente a las 60 actuales) y la mitad de altos cargos y puestos directivos, que en estos momentos se acercan al centenar.

El objetivo es diseñar un modelo organizativo "completamente nuevo" para poder impulsar también un nuevo programa económico que dé más protagonismo a la iniciativa privada.

Éstas son algunas de las claves del programa político que defenderá el PP de cara a las elecciones de 2011 y que trasladará en su caso al Gobierno, un programa que ha sido dado a conocer por Diego ante representantes políticos, económicos y de la sociedad cántabra reunidos en el Foro de El Diario Montañés Multimedia, entre ellos, los consejeros de Economía y Presidencia, Ángel Agudo y Vicente Mediavilla; el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio, y el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna.

Según ha explicado, Cantabria "necesita una profunda renovación política y un nuevo programa económico e institucional" en el que se dé un especial protagonismo a la iniciativa privada y se concentre el esfuerzo público en la sanidad, la educación y la atención social.

Para ello, cree que lo primero es "refundar el instrumento de la autonomía para hacerlo más eficaz", aligerando las dimensiones de la administración, haciéndola más "abierta, austera, ágil, transparente y eficiente", y trabajando con objetivos "claramente definidos".

Además de la reducción de consejerías, empresas públicas y altos cargos, Diego plantea que todas las empresas públicas tengan un plan cuatrienal de objetivos fijado por el Gobierno regional y unos "límites tajantes" de gastos corrientes, de endeudamiento y de comportamiento.

También propone "reinventar" el Consejo Económico y Social (CES), transformarlo "de arriba a abajo" para que se convierta "en algo mucho más operativo, donde estén los primeros espadas" de los agentes económicos y sociales. "En El CES tienen que estar los mosqueteros, no los escuderos", ha comentado.

La reorganización administrativa cree que se debe extender también a los ayuntamientos. En concreto, apuesta por que el 90 por ciento de los municipios compartan el 90 por ciento de los servicios que prestan a los ciudadanos, pero descarta en principio la supresión de ayuntamientos.

Y en ese nuevo modelo organizativo del PP también "tiene una importancia esencial" la relación con el Gobierno central, que "debe" a Cantabria 400 millones de euros "en promesas incumplidas", que "cierran la salida al túnel de la crisis".

Según ha explicado Diego, si el PP llega al Gobierno su primera acción va a ser reducir la administración, sobre todo por la vía de las empresas públicas; la segunda, "no más allá de tres meses" tras las elecciones, presentar a empresarios, agentes sociales y también otros partidos políticos, planes de acción concretos; y la tercera, "ponerle frente al Gobierno central, esté quien esté, y exigirle" que cumpla los compromisos con Cantabria.

"paraíso de emprendedores"

En lo que respecta al programa económico, Diego ha destacado que el futuro de la región pasa por convertir Cantabria en el "paraíso de los emprendedores", dando protagonismo a la iniciativa privada, y concentrando lo público en "una buena educación, una buena sanidad y una buena atención a las personas dependientes".

Con ese protagonismo de la iniciativa privada y con unas reglas del juego nuevas, Diego se fija como objetivo conseguir una inversión privada de 800 millones de euros al año durante una década.

El papel del Gobierno debe ser el de impulsar las condiciones para que esa movilización privada sea posible y, en concreto, el de hacer frente a cuatro desafíos: la sostenibilidad, la innovación, un nuevo diseño del sector servicios, y la industria.

En el ámbito de la sostenibilidad, el PP se compromete a poner en marcha una planificación energética, del territorio, y del transporte, entre otras; y en materia de innovación propone de nuevo incentivar la iniciativa privada.

En cuanto al sector servicios, apuesta por aprovechar todo el potencial del turismo e incidir mucho más en la cultura; mientras en la industria, reivindica un plan de protección y mejora de expectativas para las ya asentadas, y aprovechar el potencial de nuestras instituciones financieras para abrir puertas a inversión industrial nueva.