El Gobierno calcula que la venta del 49% de AENA supondrá unos ingresos de al menos 9.000 millones de euros, aunque la cifra definitiva dependerá de "las condiciones que determine el propio mercado" cuando culmine el proceso, que se prevé finalice antes de que acabe la legislatura en marzo de 2012, y que abrirá a la gestión privada en régimen de concesión los aeropuertos de Madrid-Barajas y El Prat.

Además, se plantean hasta tres fórmulas de gestión de aeropuertos, los gestionados de forma centralizada, la creación de concesiones a través de concurso público como Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat —fórmula que podría extenderse a otros aeropuertos en función del interés suscitado— y aquellos que se gestionarán a través de filiales específicas de esta sociedad, de las que AENA conservará la mayoría. En este último caso, se daría entrada a instituciones locales y autonómicas así como cámaras de comercio.

Según fuentes del Ministerio de Fomento, el valor estimado de AENA asciende a 30.000 millones de euros, a los que habría que deducir los 12.000 millones de euros de déficit del ente, con lo que, según los cálculos internos que maneja el ente, el 49% del capital de su valor real rondaría esos 9.000 millones de euros.

AENA pretende que estos ingresos se destinen a paliar la deuda que arrastra el gestor aeroportuario, reduciéndola a la mitad, aparte de que los beneficios obtenidos redundarían de forma "muy positiva" en sus cuentas anuales. El ente prevé entrar en beneficios en 2014. No obstante, esta cuestión dependerá de los accionistas.

Aunque el modo de acometer la privatización "no está aún definido", a finales de febrero se iniciará la primera fase de la búsqueda de inversores, entre los que no se descartan fondos de inversión, socios industriales, operadores aeroportuarios o sociedades mixtas e, incluso, su salida a Bolsa.

Según el Decreto Ley que aprobará el Consejo de Ministros el viernes, en tres meses quedará constituida la sociedad pública Aena Aeropuertos, que asumirá todo el patrimonio y los derechos de la actual AENA, para abrir la liberalización de la gestión de los 47 aeropuertos de la red al sector privado bajo las tres fórmulas descritas.

Fórmulas de gestión

En los dos principales aeropuertos de la red, los que más interés despiertan a posibles inversores, la idea es establecer una concesión a través de concurso público, con los requerimientos que se establezcan en su momento y cuya responsabilidad sobre la gestión recaerá en la empresa adjudicataria.

Según la normativa vigente, el límite máximo en licitación pública asciende a 40 años, que podría ser revisable a cinco años, siguiendo un modelo similar al británico.

AENA quiere que el canon financiero que perciba por la concesión en dichos aeropuertos sea mayor al de los ingresos obtenidos por su gestión. El ente prevé unos ingresos de 3.000 millones en 2011, de los cuales el 40% proceden de Barajas y El Prat.

Por otro lado, el ente creará un Comité de Coordinación Aeroportuaria en cada una de las 17 comunidades autónomas, en la que tendrá representación el Estado, AENA y los gobiernos autonómicos, que será el que desarrolle en coordinación las políticas estratégicas de cada aeropuerto en dicho territorio. Un modelo, según Fomento, que va "en línea con la demanda de la sociedad catalana".

Para aquellos donde se creen sociedades filiales, la sociedad Aena Aeropuertos mantendrá la titularidad de las infraestructuras y la gestión, pero dará entrada en sus consejos de administración a cámaras de comercios, entidades y ayuntamientos.

Reunión esta tarde con los sindicatos.

Aena Aeropuertos subrogará la totalidad de los contratos laborales suscritos entre la compañía y los trabajadores de servicios aeroportuarios, mientras que la actual AENA mantendrá la división de Navegación Aérea, de la que dependen los servicios de control aéreo y la plantilla de controladores.

Precisamente, esta tarde el secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas, ha convocado a los sindicatos con representación en AENA para informarles del nuevo modelo y transmitirles la garantía de que sus derechos laborales se respetarán.

Fuentes de Fomento indicaron que será un proceso negociado con los sindicatos y que las condiciones laborales de los trabajadores que sean subrogados a empresas privadas se respetarán.

De esta forma, dicho personal se seguirá rigiendo por los convenios colectivos vigentes, respetándose la antigüedad y cualquier otro derecho que pudieran tener consolidado a la entrada en vigor de esta ley.