El plan obligaría al Ministerio de Fomento a aportar 2,2 millones de euros al año a Audasa. Esa cantidad, sumada a los dos millones que ya pagan Xunta y Diputación de Pontevedra para subvencionar el bonopeaje, haría posible que la concesionaria renunciase a esos 80 céntimos que hoy cuesta cada viaje entre Vigo y O Morrazo.

Así las cosas, de aplicarse el plan del presidente de la Diputación, Rafael Louzán, la Administración pagaría el peaje con dinero público hasta 2010, fecha prevista para la apertura de la nueva autovía entre Pontevedra y Vigo. Llegado ese momento, Audasa podría facturar en el nuevo vial lo que ya no podría aportarle la AP-9.

El plan «llega tarde» para la Xunta

La conselleira de Política Territorial, la viguesa María Xosé Caride, cree que la propuesta de la Diputación «está fuera de tiempo», ya que Xunta y Gobierno central ultiman una alternativa. Según la socialista, la iniciativa del popular Rafael Louzán es un «brindis al sol que no aporta nada nuevo».