El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha instado al Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla), gobernado por Manuel Morilla (PP), a admitir como "parte" a la Asamblea Moronera Alternativa (AMA-Morón) en el procedimiento de restablecimiento del orden jurídico incoado a cuenta del expediente sancionador promovido contra la esposa del primer edil, Ana F.V, por la "infracción urbanística" detectada en las obras consumadas en el cortijo del matrimonio. La institución que dirige Chamizo, en concreto, recomienda la "revisión" del decreto mediante el que el Consistorio denegó la personación de los independientes en este expediente.

El previo escrito de queja de los independientes, recogido por Europa Press, rememoraba que la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla había atisbado un posible delito contra la ordenación del territorio en las obras acometidas en la finca Zafra bajo la licencia de obras solicitada al Ayuntamiento de Morón, gobernado por Manuel Morilla (PP), por la esposa de éste, Ana F.V. Si bien el Ministerio Público había esgrimido la prescripción de los hechos a la hora de archivar las diligencias incoadas contra el primer edil, su cónyuge y el arquitecto municipal, advertía también de que es "indiscutible" que los trabajos superaban "notoriamente" lo autorizado y de que la construcción "no es legalizable".

El Ayuntamiento, en paralelo, había incoado un expediente sancionador contra la esposa del primer edil ante la posible comisión de una "infracción urbanística" en estas obras, según un anuncio de inicio de expediente sancionador recogido por Europa Press y que ya admitía que "se han realizado obras en el caserío, que van más allá de una simple rehabilitación o conservación", incluyendo "estructuras de reciente construcción que hacen suponer que se ha procedido a la demolición y nueva planta, actuaciones que exceden la licencia de fecha 1 de marzo de 2004".

Los independientes de Morón habían promovido su personación tanto en este expediente sancionador, como en el procedimiento de restablecimiento del orden jurídico incoado a tal efecto, si bien mediante decretos de Alcaldía, el Ayuntamiento había denegado tanto tal extremo, como "entrar en la recusación de una serie de cargos municipales" implicados en tales procedimientos bajo la premisa de que esta fuerza política no era "parte interesada" en los hechos.

Y es que los independientes también habían advertido de que el decreto de Alcaldía emitido el 24 de abril para incoar el expediente sancionador debería haber sido iniciado también contra el propio alcalde como propietario de la parcela en cuestión junto a su esposa, solicitante de la licencia de obra. El decreto, según AMA-Morón, partía del propio alcalde según habría reconocido el primer edil accidental, Alfonso Angulo (PP), toda vez que correspondía a Morilla "abstenerse" de tal actuación como esposo de Ana F.V.

"derecho a la acción pública"

Ante la queja promovida por los independientes de Morón ante estos decretos de Alcaldía, la Oficina del Defensor del Ciudadano señala en un documento emitido el 15 de noviembre y recogido por Europa Press, que el Real Decreto Legislativo 2/2008 que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, "proclama que todos los ciudadanos tienen derecho a ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística".

Tras advertir de que la vigente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) "establece una diferenciación y separación entre los procedimientos sancionadores y los de restablecimiento de la legalidad urbanística, proclamando su independencia", la institución de José Chamizo aboga por "que se tenga por parte personada e interesada" a esta fuerza política en el procedimiento relativo a la restitución de la legalidad urbanística. A tal efecto, insta al Ayuntamiento a la "revisión" del decreto de Alcaldía emitido el 14 de septiembre denegando la personación de AMA-Morón en tales actuaciones para tener "por parte" a este grupo en el procedimiento, instando además a que sean resueltas también las "peticiones" relativas a la recusación de cargos.