Los sindicatos CCOO-PV, UGT-PV e Intersindical Valenciana (IV) han convocado manifestaciones el día 18 de diciembre a las 12 horas en Castellón, Valencia, Alicante, Elda (Alicante) y Elche (Alicante), a las 18 horas, y en Alcoi (Alicante), "en defensa del Estado social" europeo dado que consideran que "está en grave riesgo".

Previamente, el día 15, organizarán concentraciones simultáneas en las tres capitales de provincia, Ontinyent (Valencia) y Elche (Alicante) ante las sedes de las patronales, a las 12 horas, para "exigirles que desbloqueen los convenios colectivos que llevan sin acordar algunos dos años", en el marco de la primera protesta europea contra las políticas económicas adoptadas por los gobiernos de la eurozona, convocada por la Confederación Europea de Sindicatos.

Así lo han señalado en rueda de prensa los secretarios generales de CCOO-PV, Paco Molina, UGT-PV, Conrado Hernández, e IV, Vicent Maurí, quienes también han hecho un llamamiento a participar en el acto 'La movilización continúa. Recuperar derechos. Defender el Estado social', convocado a las 19 horas en la Facultad de Filología de Valencia para agradecer las adhesiones recibidas en la huelga del 29 de septiembre e informar de las nuevas acciones de protesta.

Las tres organizaciones convocantes del 29-S en la Comunitat Valenciana han remarcado que ese paro general "fue sólo un punto y seguido" y que "la movilización continúa para exigir al Gobierno una rectificación porque la situación no mejora con esa reforma laboral, sino que más bien empeora", en palabras de Molina.

En concreto, ha señalado que de los 1.071.094 contratos que se han formalizado en la Comunitat hasta el 31 de octubre, el 89 por ciento son de carácter temporal —un 46 por ciento por circunstancias de la producción y un 43 por ciento por obra o servicio—.

Además, ha reprobado que "sólo nueve de cada 100 contratados tienen carácter indefinido" y que, en este último mes, el contrato de Fomento "sólo representa el 10 por ciento de la contratación indefinida", mientras que el resto son conversiones de temporales (32%) e indefinidos ordinarios (57%).

Molina considera asimismo "nefasto" que "tan sólo el 57 por ciento" de esos contratos indefinidos es de jornada completa, mientras que el 27 por ciento es a tiempo parcial y el 16 por ciento corresponde a trabajadores fijos discontinuos.

Un tercio de los parados "ya no cobra nada"

En cuanto a la situación de los cerca de 600.000 parados existentes en la Comunitat, ha denunciado que únicamente un tercio cobra la prestación contributiva, otra tercera parte cobra el subsidio por desempleo, la renta activa de inserción o los 400 euros del PRODI, mientras que el tercio restante "ya no cobra nada", de modo que "dos tercios están por debajo del umbral de pobreza".

Así, los sindicatos han realizado un llamamiento a la ciudadanía para "salir juntos a la calle a reclamar al Gobierno que deje de comprometer ante los mercados el futuro del sistema de protección social" y exigirle que vuelva a "retomar el diálogo social".

Molina ha defendido que "hay alternativas reales" a las políticas adoptadas hasta ahora y ha criticado que "no se está haciendo un esfuerzo equitativo, adelgazando la inversión pública que repercute sobre millones de personas peor atendidas, menos cubiertas, mientras una reducida élite de especuladores financieros saca partido".

Hernández ha coincidido en que existen "alternativas" a las políticas "absolutamente equivocadas" de los gobiernos europeos y ha reivindicado que la eurozona requiere "más gobernanza común" para "conseguir más Europa y mantener los valores de cohesión y protección social de la vieja Europa". "No podemos vivir en democracias vigiladas por los mercados", ha sentenciado.

Documento de "alternativas sindicales"

En el marco de esa campaña "contra la resignación ante el desmantelamiento de la Europa Social", han presentado un documento de 'Alternativas sindicales a la política económica y social del Gobierno', en las que reclama al Ejecutivo que "modifique en profundidad la reforma laboral" por considerar que "sólo está sirviendo para abaratar y facilitar el despido".

También le reclaman que "proteja a las personas en desempleo", que "abandone la pretensión de retrasar la edad de jubilación a los 67 años" dado que "por cada año que se retrase, condena a 250.000 jóvenes a no poder incorporarse al mercado laboral", que los presupuestos sean "más justos y redistributivos" y que "se respete el papel de la negociación colectiva", ya que el 20 por ciento de la población activa valenciana está "excluida" de ese proceso.

Por otro lado, han valorado la Iniciativa Legislativa Popular presentada este martes para su tramitación ante la mesa del Congreso de los Diputados, con el objetivo de "dotar a la ciudadanía de un instrumento de participación política" y "propiciar un cambio en las bases estructuradoras del sistema de relaciones laborales".