De este modo, respondía a la interpelación urgente que sobre esta materia planteó la parlamentaria de Izquierda Verde Carma García.
"Mi Gobierno no ignora la problemática derivada del ejercicio de la prostitución -insistió-. El reparto de competencias limita mucho la intervención de la Administración y permite que comunidades autónomas y corporaciones locales adopten las iniciativas que crean oportunas, para eliminar los efectos nocivos que se derivan de su ejercicio".
Contra la explotación sexual
La prioridad de la Administración Central será, por tanto, la lucha contra el tráfico de personas con fines de explotación sexual y la prostitución forzada que, a juicio del titular de Trabajo, es la que ejercen una mayoría de mujeres en España, que son inmigrantes irregulares traficadas y excluidas social y económicamente.
Sin embargo, la parlamentaria de Izquierda Verde, Carma García, critico que el ministro de Trabajo escondiera "la cabeza bajo el ala", por eludir el debate sobre la regulación o no de la prostitución voluntaria. A su juicio, lo más grave es que se desconocen completamente las cifras y dimensiones del fenómeno.
En este sentido, resaltó que es necesario un debate urgente y sereno en el que se escuchen todas las voces que tengan algo que decir sobre derechos humanos, sociales y laborales de las mujeres que ejercen la prostitución".
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